Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo 2560 1440 brouoadmin

Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo

Con fecha 5 de abril de 2020, el presidente de México rindió un informe de Gobierno para dar a conocer el programa emergente para el bienestar y el empleo que se aplicará con motivo de la contingencia global de COVID 19.

 

En resumen, el supuesto plan de reactivación económica del Gobierno de México consiste únicamente en la ampliación de los programas sociales que ya se habían implementado, aumentando las ayudas, pensiones y demás concesiones otorgadas, y con las que se busca que dichos programas sociales y de desarrollo lleguen a 22 millones de beneficiarios.

 

Asimismo, se pretende otorgar 2 millones 100 mil créditos personales, de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e informal de la economía y crear en este año 2 millones de nuevos empleos.

 

Por lo tanto, el plan anunciado no incluye ningún tipo de facilidad comercial, administrativa, financiera ni fiscal para contribuyentes individuales y empresas, salvo el hecho de que el Gobierno se compromete a efectuar las devoluciones de saldos a favor de IVA que correspondan con prontitud.

 

Es importante mencionar, que a fin de garantizar los programas sociales y de desarrollo del gobierno, se reformó el Artículo 4º constitucional para otorgar, por mandato legal, pensiones a todos los adultos mayores del país, a niñas y niños pobres con discapacidad, becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos y garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud, con atención médica y medicamentos gratuitos; con el financiamiento del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos, la banca de desarrollo y el programa de austeridad.

 

En resumen, el Gobierno de México anunció la implementación de las siguientes acciones:

 

  1. Adelantar 4 meses del pago de la pensión para 8 millones de adultos mayores, a través de bancos y la entrega personal de 42 mil millones MXN.
  2. Adelantar el pago de pensiones para niñas y niños pobres con discapacidad.
  3. Entregar 10 millones 500 mil becas a estudiantes de todos los niveles escolares y en las universidades Benito Juárez.
  4. Entregar a pequeños negocios familiares 356 mil créditos del Programa de Tandas Para el Bienestar, agregando para este año 450 mil más con una inversión total de 3 mil 400 millones MXN.
  5. No aumentar los precios de los combustibles.
  6. Ampliar el programa Sembrando Vida, que da empleo permanente a 230 mil sembradores, para que 200 mil campesinos más tengan trabajo de inmediato y reciban apoyos directos 190 mil pescadores a partir de mayo.
  7. Entregar apoyos adicionales a las sociedades de padres y madres de familia para el mantenimiento de 31 mil planteles escolares.
  8. Disponer de un fondo de 35 mil millones MXN del ISSSTE para entregar créditos personales que van de 20 mil a 56 mil MXN a 671 mil trabajadores al servicio del Estado.
  9. Otorgar por medio del Fovissste y el Infonavit, 175 mil millones MXN para créditos de vivienda, durante nueve meses en 2020, en beneficio de 442 mil 500 trabajadores y mismos que generarán 970 mil empleos.
  10. Continuar el programa de estímulos fiscales y bajos precios de gasolinas y otros energéticos en la zona fronteriza del norte del país.
  11. No aumentar los impuestos ni crear nuevos.
  12. Devolver con prontitud los saldos a favor de IVA que correspondan a los contribuyentes.
  13. Entregar a los medios de comunicación los tiempos fiscales de publicidad o espacios de transmisión con los que cuenta el Estado Mexicano en las estaciones de radio y canales de televisión abierta para difundir temas educativos, culturales y de interés social, para que dichos medios los comercialicen.
  14. Aumentar la producción de gasolinas en el país; destinando a ese propósito 400 mil barriles diarios adicionales para no d todo el malbaratar petróleo de exportación y bajar la compra de combustibles en el extranjero.
  15. Reducir sueldos de altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el del Presidente de la República.

 

No se prevé el otorgamiento de beneficios adicionales a los anteriores, conforme a la información revelada por el Gobierno Federal.

Accede al documento aquí:

Decreto Emitido por el Consejo de Salubridad General 2560 1440 brouoadmin

Decreto Emitido por el Consejo de Salubridad General

Mediante la publicación vespertina en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) del 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General (CSG) emitió declarando “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, derivado de la enfermedad generada SARS-CoV2 (COVID-19), las cuales se resumen de la siguiente manera:

 

MOTIVO

Derivado de la contingencia del COVID-19, la Secretaría de Salud (SS) emitió diversos decretos con acciones extraordinarias que, de manera conjunta con dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, sector social y privado han sido aplicadas en las últimas dos semanas.

El CSG ha reconocido el problema como una emergencia sanitaria, para lo cual dicta lineamientos generales en apego al artículo 16 y 17 de la Ley General de Salud y opera con el objeto de coadyuvar con la autoridad sanitaria y el Ejecutivo para atender entre otras, la pandemia y declaratoria de emergencia.

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA

Son siete medidas que se dictan y que abarcan los siguientes puntos:

  1. Suspensión de actividades no esenciales en sector público, privado y social del 30 de marzo al 30 de abril 2020, entendiendo como “esenciales”:
    1. Sector Salud: médicas, paramédica, administrativa, apoyo sector salud, público y privado. La producción y distribución como farmacéuticas y farmacias; así como sectores tecnológicos para la atención a la salud y manejo de residuos peligrosos biológicos-infecciosos.
    2. Seguridad: pública, protección ciudadana, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia y legislativa estatal y federal.
    3. Actividad económica fundamental: sector financiero, recaudación tributaria, energéticos, gasolinas, gas (generación y distribución). También se incluyen al sector de servicios como lo es agua potable, producción y distribución de alimentos como, mercados de alimentos, autoservicio; producción agrícola, pesquera, pecuaria, agroindustria, química, sector de limpieza, ferreterías, servicio de mensajería, seguridad privada, guardería y estancias infantiles. Funerarias y de inhumación, así como cadena de frío de insumos. Finalmente, la cadena de logística en aeropuertos y ferrocarriles se mantiene.
    4. Los programas sociales.
    5. Conservación y mantenimiento de infraestructura: para la producción y distribución de servicios como agua potable, energía, gas, petróleo, gasolina, turbosina, entre otras.
  1. Las actividades esenciales descritas deberán de cumplir con:
    1. Reuniones de no más de 50 personas.
    2. Lavado frecuente de manos.
    3. Estornudo y toser de etiqueta.
    4. Saludos a distancia.
    5. Sana distancia.
  1. Se exhorta a la población residente en el territorio mexicano y la que arribe del extranjero a no participar en actividades laborales esenciales para cumplir un resguardo domiciliario correspondiente del 30 de marzo al 30 de abril 2020, entendiendo por resguardo a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular la mayor parte del tiempo posible.
  2. El resguardo domiciliario será de manera estricta a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, con enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión arterial, pulmonar, lupus, cáncer, diabetes, insuficiencia renal, cardiacas, hepáticas o metabólicas) el personal esencial de interés público podrá presentarse de forma voluntaria a laborar.
  3. Concluida la suspensión de actividades y resguardo, la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, emitirán lineamientos para un regreso escalonado y regionalizado de actividades.
  4. Postergar hasta nuevo aviso, los censos y encuestas a realizarse en territorio nacional.
  5. Las medidas deberán aplicarse en apego a los derechos humanos

 

Pese a que la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor es el elemento para invocar el proceso del artículo 42 Bis de la Ley Federal del Trabajo y con ello suspender temporalmente la relación hasta por 30 días, pagando cada uno de ellos con un salario mínimo general vigente, no encontramos en el decreto del 30 de marzo de 2020 la facultad expresa a los empleadores para suspender dichas relaciones, dejando un vacío que deberá ser llenado por el criterio de cada empleado al intentar constituir el procedimiento advertido.

Guía de Negocios Dentro de la Contingencia Sanitaria COVID19 2560 1440 brouoadmin

Guía de Negocios Dentro de la Contingencia Sanitaria COVID19

Derivado de la situación sanitaria mundial con motivo del CORONAVIRUS (COVID19), es importante tener en cuenta ciertos aspectos operativos y legales que repercutirían en su negocio:

 

Obligaciones Fiscales

  • A pesar de los distintos esfuerzos de los organismos empresariales y comerciales, a la fecha, ni las autoridades fiscales ni las de seguridad social en México han emitido comunicado alguno en el que otorguen prórrogas, beneficios fiscales u cualquier otra concesión a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que se deberá llevar a cabo el cumplimiento puntual y regular de las obligaciones fiscales, situación que es de suma importancia, a fin de no generar situaciones de incumplimiento que causen la cancelación de los certificados de sellos digitales de los contribuyentes, afectando aún más su operación.
  • Por el momento, solo se determinó suspender el servicio de sus salas de internet del SAT hasta que se notifique lo contrario. Por otra parte, los trámites de generación y actualización de contraseña, así como el de emisión de constancia de situación fiscal, únicamente serán atendidos previa cita.
  • No obstante, daremos seguimiento a ello, a fin de informarles oportunamente cuando exista alguna novedad, aviso extraordinario o las autoridades consideren esta situación excepcional para otorgar facilidades y beneficios a los contribuyentes.

 

Facilidades Fiscales y Administrativas en CDMX

  • A nivel local, el Gobierno de la CDMX ha establecido una prórroga de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales locales consistentes en la presentación de declaraciones y la realización de los pagos que deban efectuarse durante el mes de abril del 2020, pudiendo realizarlas hasta el 30 de abril del mismo año. Sin embargo, todos los medios de pago electrónicos implementados por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México continuarán funcionando.
  • Respecto a la Tenencia o Uso de Vehículos de la CDMX cuyo vencimiento para la obtención del subsidio es el 31 de marzo de 2020, se otorga una ampliación para la obtención de la condonación respectiva hasta el 30 de abril del mismo año.
  • Por otra parte, se suspenden los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la CDMX, incluidos los de naturaleza fiscal, como lo son el inicio, substanciación, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de defensa y demás actuaciones, por lo que se considerarán días inhábiles del 23 de marzo y el 19 de abril de 2020.
  • Igualmente se suspenderán los tramites de recepción de documentos e informes, visitas de verificación, atención al público en ventanilla, solicitudes de informes o documentos, así como cualquier acto administrativo emitido por las personas servidoras públicas que incidan o afecten la esfera jurídica de los particulares.
  • La suspensión mencionada no será aplicable en materia de desarrollo urbano, de la construcción y del sector inmobiliario, así como las necesarias para el otorgamiento de instrumentos relacionados con inmuebles ante notarios públicos relacionados con expedición de certificados de existencia o inexistencia de gravámenes vía telemática, constancias de adeudos de predial y agua, certificados únicos de zonificación de uso de suelo, sábanas para acreditar el valor catastral, registro de avalúos comerciales en SIGAPRED, consulta de instrumentos y expedición de copias certificadas y testimonio y constancias de Folios, por lo que la actividad pública en estas materias seguirá operando con normalidad.

 

Relaciones Laborales

  • En los casos que el objeto o actividad de que se trate permitan la implementación de la modalidad de trabajo en domicilio, remoto o home office, y los patrones decidan llevarlo a cabo, los patrones deben establecer el alcance, objetivos y planes concretos de trabajo en domicilio que realizaran los trabajadores y proporcionar las herramientas, tecnologías y equipos que correspondan; en el entendido de que ello representa la continuidad operativa del negocio del patrón, así como de la relación laboral correspondiente, con las condiciones generales de la relación laboral ordinaria.
  • Conforme a la Ley Federal del trabajo (LFT) los patrones son responsables de la seguridad e higiene de sus trabajadores y negocios, por lo que tienen la obligación de establecer las comisiones respectivas, con las que hagan del conocimiento de sus empleados la información, medidas, etapas y protocolos que se seguirán de manera regular y, en caso, de una situación excepcional, como lo es el COVID19. En ese sentido, los trabajadores tienen la obligación de realizar los exámenes médicos que a nivel interno estén obligados conforme a su contrato laboral o reglamento de trabajo, así como los que correspondan en caso de presentar síntomas de la enfermedad en cuestión.
  • Por lo tanto, en caso de que un trabajador enferme de COVID19, debe obtener su constancia de incapacidad por parte del IMSS, respecto de la cual el patrón pagará por 3 días el 100% del salario, mientras que por los subsecuentes será el IMSS quién pagará un subsidio diario equivalente al 60% del salario inscrito al Instituto.
  • En el caso de que de forma oficial las autoridades competentes hicieran la DECLARATORIA de contingencia sanitaria con la que se suspendan labores, el empleador únicamente estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. No obstante, es importante mencionar que, si opera la modalidad de trabajo remoto, la relación laboral se entiende continuada.
  • Sobre el particular, es importante mencionar que la suspensión de labores no implica la terminación de la relación laboral, sino como su nombre lo indica solo su interrupción, situación que significa que el trabajador no está obligado a prestar sus servicios ni el patrón a pagar los salarios, según corresponda. Lo cual no es igual a la suspensión laboral que deriva de una declaratoria de contingencia sanitaria, en la que no se requiere autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje si debe cubrirse la mencionada indemnización de Ley por 30 días de salario mínimo y siempre que no haya continuidad operativa.
  • A este respecto, es importante hacer notar que, entre otras, además de las contingencias sanitarias, son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, las derivadas de:
    • La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos;
    • La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón; y
    • La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación
    • De lo anterior, se tiene que las situaciones de suspensión mencionadas pueden derivar o no de una DECLARATORIA de contingencia sanitaria.
  • En ese sentido, con o sin la declaratoria de la contingencia sanitaria por parte de las autoridades oficiales y competentes en la que sea obligatorio suspender labores, los patrones pueden aplicar la suspensión laboral, en el caso de que la situación excepcional de contingencia de COVID19 afecte o repercuta su operación por fuerza mayor o falta de fondos e incosteabilidad. Para tales efectos, se deberá dar aviso y deberá obtener la autorización, a la Junta de Conciliación y Arbitraje. La Junta, con excepción de los casos de contingencia sanitaria, al sancionar o autorizar la suspensión, fijará la indemnización que deba pagarse a los trabajadores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentren nueva ocupación, sin que pueda exceder del importe de un mes de salario.
  • Por otra parte, la situación excepcional de COVID19 puede generar la suspensión, reducción o terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos, en ese sentido, se tiene que la suspensión puede aplicar parcialmente al personal, teniendo preferencia para la no suspensión de los trabajadores que tengan mayor antigüedad. Por su parte, cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento, se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores, a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad.
  • Si los patrones reanudan las actividades de su empresa o crea una semejante, estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de los extranjeros, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical.
  • Por otra parte, es factible generar acuerdos consensuados y no unilateralmente impuestos por el patrón, con los trabajadores para establecer condiciones de trabajo por la situación excepcional del COVID19, a fin de continuar la operatividad del negocio y de la relación laboral, pero de una forma disminuida, lo cual necesaria e indefectiblemente debe realizarse por escrito. Al respecto, un acuerdo consensuado, automáticamente excluye la suspensión de la relación laboral e implica mantenerla, pero con algunas modificaciones. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que con base en la Ley cualquier modificación debe estar encaminada a generar un beneficio a los trabajadores, puesto que de lo contrario, esto podría implicar una renuncia de derechos ya adquiridos y producir la nulidad del acto o acuerdo respectivo.
  • Asimismo, debe tenerse presente que la legislación laboral, establece que es una causal de terminación de la relación laboral, sin responsabilidad para el trabajador el que patrón reduzca las remuneraciones a este último; por lo que es importante hacer el ajuste correspondiente, de forma temporal por la situación excepcional de COVID19 con el consentimiento expreso del trabajador, por probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.

 

Responsabilidad Contractual

  • Es importante verificar las obligaciones contractuales de la empresa, a fin de identificar los casos en los que pudieran aplicar exenciones en las obligaciones contraídas, por caso fortuito y fuerza mayor, dentro de las cuales puede incluirse, tanto a nivel sanitario, como económico y operativo, la situación excepcional de COVID19. Por lo tanto, es importante verificar las relaciones contractuales existentes y considerar las alternativas de suspensión o diferimiento de obligaciones. En caso de no haber planteado alternativas sobre las causas y efectos en las obligaciones contractuales de casos fortuitos o de fuerza mayor, las partes, pueden negociar y novar sus obligaciones, mediante convenios modificatorios o adendum de sus contratos, de acuerdo con la legislación aplicable, ya que esta puede variar en cada uno de los Estados del país; sin embargo, en caso contrario, habrá que verificar el cumplimiento exacto de las obligaciones contractuales que correspondan.

 

Juicios o Litigios

Actualmente en México, los órganos jurisdiccionales del país y en diversas materias, han suspendido actividades, por lo que los procesos judiciales que se encuentren en trámite se encuentran suspendidos, salvo en casos muy excepcionales, por lo que nuestra recomendación es verificar con los asesores encargados las situación especial o estado de sus asuntos, si la hubiera.

 

Comercio Exterior

  • Ante una posible contingencia sanitaria, el Ejecutivo Federal en uso de sus facultades exclusivas en materia de Comercio Exterior podría como en otras ocasiones, aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación de cualquier clase de productos, por lo que aquellos de primera necesidad que le mercado local no pueda seguir suministrando, podrá ser importado sin pagar tasa alguna.

El T-MEC, pese a ser ratificado por Canadá finalmente, deberá esperar para su entrada en vigor hasta el mes de Junio. Pese a lo anterior, los países signantes buscan que la relación comercial durante la pandemia no se paralice.

Reformas Fiscales 2020 2560 1440 brouoadmin

Reformas Fiscales 2020

El 9 de diciembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (LIEPS) y del Código Fiscal de la Federación (CFF), por lo que a continuación, se mencionan los puntos más relevantes que se establecen en dicho Decreto.

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)

 

Consideraciones en BEPS en materia de establecimiento permanente (EP)

EP

Se establecen algunas modificaciones a la definición de “establecimiento permanente”, dando como resultado la adecuación a la Acción 7 de BEPS, y enfocándose particularmente a los casos en que se actúa a través de agentes que no califican como independientes, y que cuentan con facultades para concluir contratos a nombre o por cuenta de un residente en el extranjero, los cuales prevén la enajenación de los derechos de propiedad, o el uso o goce temporal de un bien que posea el residente en el extranjero ; u obligan al mismo a prestar un servicio.

Asimismo, se establece que una persona física o moral no es un agente independiente, cuando actúe exclusiva o casi exclusivamente por cuenta de residentes en el extranjero que sean sus partes relacionadas y por lo tanto considerarlos como EP.

Por otra parte, se establece que no constituirán EP las actividades exentas cuando cumplan la condición de ser de carácter preparatorio o auxiliar. Al respecto, se establece que no se consideran operaciones preparatorias o auxiliares aquellas que deriven de una operación de negocios cohesiva que haya sido fragmentada en varias operaciones menores para argumentar que cada una encuadra en las excepciones de actividades con carácter preparatorio o auxiliar.

 

Entidades transparentes y figuras jurídicas extranjeras

A partir del ejercicio 2021, las entidades extranjeras transparentes y las figuras jurídicas extranjeras, se considerarán personas morales y sujetas a gravamen, respecto de cualquier ingreso que perciban de conformidad con los títulos II, III, V o VI de la Ley del ISR y no sus socios o miembros.

La transparencia fiscal solo operará en aquellos casos en que este prevista por los convenios de doble imposición.

 

Limitación a deducciones fiscales

Con base en las recomendaciones de BEPS, se incorporan limitantes para algunas deducciones que pudieran erosionar la base fiscal en México, dentro de las que destacan las siguientes:

Intereses

Se limita la deducción de los intereses netos (devengados a favor y en contra) que excedan del 30% de la utilidad neta ajustada, cuando excedan de $ 20,000,000 MXN anuales y sean deducidos por el contribuyente o su grupo.

Se permite la deducción del remanente de los intereses no deducidos en un ejercicio, en los diez años siguientes, así como excepciones de aplicación a la regla para proyectos de infraestructura, construcción y de largo plazo, entre otros.

Esta nueva limitante y la de capitalización delgada prevista en Ley, serán excluyentes, aplicando la más elevada.

 

Pagos a REFIPRES y entidades híbridas

Se niega la deducción a los pagos realizados a una parte relacionada, incluso a través de un acuerdo estructurado cuando estén sujetos a REFIPRES.

Esta limitación no aplicará cuando exista una razón de negocios para la transacción y el receptor cuente con activos y personal para el desarrollo de la actividad empresarial, además de ubicarse en una jurisdicción con la que México tenga un acuerdo amplio de intercambio de información.

Se entiende como pago estructurado cualquier acuerdo en el que participe el contribuyente o una de sus partes relacionadas y cuya contraprestación se encuentre en función de pagos a REFIPRES, donde se transfiera más de un 20% del ingreso y favorezca a alguno de estos o cuando con base en las circunstancias se pueda concluir que este fue el propósito del acuerdo.

Esta disposición niega también la deducción de pagos a entidades híbridas, cuando generan una deducción en el país y no existe acumulación o existe una deducción doble.

En el caso de pagos a entidades transparentes no aplicará la disposición, si los socios de esta acumulan los ingresos de referencia.

tratándose de pagos a REFIPRES donde se efectúa la retención del 40% en el país o se apliquen las reglas de acumulación anticipada, también se permitirá la deducción respectiva.

 

Acreditamiento ISR

No se otorgará el acreditamiento del impuesto pagado cuando el mismo haya sido acreditado o deducido en otra jurisdicción por otra entidad en la que se participe, salvo que el mismo haya sido acumulable como un ingreso para la entidad extranjera, entre otros casos.

 

Regulaciones a la economía digital

Se adicionan diversas disposiciones para regular las actividades realizadas a través de la “economía digital”, a fin de establecer un mecanismo de cumplimiento adecuado para las obligaciones formales y de pago correspondientes.

Parte de las disposiciones incluidas en la Ley, ya se encontraban establecidas en la Resolución Miscelánea Fiscal, en materia del régimen fiscal aplicable a personas físicas.

Al respecto, las personas que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, por los ingresos que generen a través de dichas plataformas, deberán pagar ISR por los ingresos que se generen, el cual les será retenido por las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin EP, que proporcionen el uso de las citadas plataformas tecnológicas.

En el caso de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, la tasa aplicable será del 2 al 8%; mientras que para servicios de hospedaje será del 2 al 10% y para la enajenación de bienes y prestación de servicios del 0.4 al 5.4%.

Asimismo se establece que los residentes en el extranjero con o sin EP en el país, deberán cumplir con lo siguiente:

  • inscribirse en el RFC con el carácter de retenedor,
  • tramitar la firma electrónica avanzada,
  • proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las que se les hubiera efectuado la retención,
  • realizar el pago de la retención; y
  • presentar información relacionada con: institución financiera, clabe interbancaria en la cual se reciben los pagos, monto de las operaciones celebradas con su intermediación durante el período de que se trate, así como la dirección del inmueble en el caso de servicios de hospedaje, entre otros.

 

Inversiones a través de Entidades Extranjeras y Figuras Jurídicas Extranjeras, así como Ingresos en REFIPRES

A partir del 1 de enero de 2020 se establece la obligación para los residentes en México (persona física o moral) de acumular en el ejercicio en que se obtienen los ingresos o utilidades netos percibidos a través de Entidades o Figuras Jurídicas Extranjeras que sean consideradas como transparentes en su país de constitución o residencia, de forma directa o indirecta, en función a la participación proporcional que estos tengan en dichos vehículos; lo que implica el reconocimiento anticipado de este tipo de ingresos para efectos fiscales, teniendo derecho al acreditamiento de los impuestos respectivos.

Se reestructura el capítulo de ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes (REFIPRES); esto es aquellos gravados en el extranjero a una tasa inferior del 22.5%, a ser aplicable exclusivamente a entidades extranjeras, que sean personas morales, con personalidad jurídica, residentes en el país o jurisdicción de referencia; siendo aplicables las reglas de acumulación anticipada para los residentes en México que poseen su participación directa o indirecta y tengan el control de las entidades extranjeras.

Este capítulo se reestructura también, modificando sustancialmente las reglas de excepción que permiten el diferimiento en la causación del impuesto hasta el momento en que los ingresos de referencia se distribuyan, particularmente mediante la ampliación de las reglas de los supuestos de control de las entidades.

Resulta relevante señalar que estas nuevas disposiciones propuestas cuentan con redacción confusa y amplia, por lo que se espera que se realicen las aclaraciones correspondientes para identificar el alcance final que pudieran tener, ya que pueden dar origen a diversas interpretaciones.

 

Subcontratación laboral

Se establece como requisito adicional para las deducciones en personas morales y personas físicas con actividades empresariales, que contraten empresas que ofrecen servicios de subcontratación laboral, la obligación de que este retenido y enterado el IVA correspondiente (6%).

Se elimina el requisito contenido en la LISR para deducir los pagos por servicios de subcontratación laboral en los cuales el contratante deberá obtener del contratista copia de los CFDI’s por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio contratado con las declaraciones correspondientes. Esto derivado de los mecanismos implementados por el SAT, “aplicativo buzón tributario” a la fecha no han funcionado correctamente y no han podido ser utilizados por todos los contribuyentes.

 

Subcuentas establecidas en la LSS y en la LISSSTE

Se establece un procedimiento para que las personas morales efectúen la retención de ISR por los ingresos gravados que obtenga un trabajador al momento de la terminación de la relación laboral que provengan de la subcuenta del Seguro de Retiro o a la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez en una sola exhibición. El impuesto retenido se podrá considerar como pago definitivo cuando las personas físicas únicamente obtengan ingresos en el mismo ejercicio por los pagos a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

 

Arrendamiento por personas físicas

De acuerdo con la exposición de motivos de la Iniciativa de la Reforma, este tipo de actividades representa hoy en día una importante evasión fiscal, por lo que se adiciona un supuesto para los casos en que tratándose de juicios por arrendamiento (rentas vencidas), la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales, de lo contrario la autoridad judicial informará al SAT, en un plazo máximo de 5 días contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir con el requerimiento.

 

Constancias de retenciones, para efectos de ISR e IVA, respecto de pagos efectuados a personas físicas

Se elimina la referencia de que las personas morales emitan una constancia de retenciones respecto del impuesto que hubiesen retenido por recibir servicios profesionales o bien, el uso o goce temporalmente bienes otorgados por personas físicas, las cuales deberán expedir un comprobante fiscal digital por internet que cumpla con los requisitos y en el que el impuesto retenido se señale expresamente. Lo anterior también es aplicable para IVA y no libera a las personas morales de efectuar, en tiempo y forma, la retención y entero del impuesto y la presentación de las declaraciones informativas correspondientes.

 

Arrendamiento a residentes en extranjero

Se precisa que, en los contratos por fletamento, la tasa de retención del 10% no será aplicable, cuando se trate de arrendamiento de equipo comercial, industrial o científico.

 

FIBRAS privadas

Se elimina la figura de las FIBRAS privadas y se establece en Disposiciones Transitorias que los contribuyentes que aplicaban el esquema de FIBRA privada cuentan con 2 años para pagar el ISR causado por la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes realizada al fideicomiso.

De igual se adiciona la facultad para que la autoridad fiscal tenga elementos que le permitan identificar a los beneficiarios del estímulo respectivo Ley del ISR, así como los bienes que conforman el patrimonio del fideicomiso.

 

Maquiladoras de Albergue

Se reformulan los requisitos de cumplimiento de las maquiladoras de alberque que prestan servicios a residentes en el extranjero, a fin de no constituir un establecimiento permanente de los mismos en el país, eliminando el plazo de permanencia máximo de 4 años que antes existía.

Para tal efecto los residentes en el extranjero, por conducto de la maquiladora de Albergue deberán cumplir con lo siguiente:

  • Registrarse al RFC.
  • Presentar pagos provisionales y declaración anual.
  • Declaración informativa de sus actividades de maquila.
  • Presentar declaraciones de pagos provisionales y declaración anual.
  • La jurisdicción fiscal del residente en el extranjero deberá tener un acuerdo amplio de intercambio de información con México.
  • Presentar el aviso de baja de la opción.

El residente en el extranjero no podrá vender o distribuir productos manufacturados en México a través de la maquiladora de albergue o venderle sus activos.

Por su parte las maquiladoras de albergue deberán cumplir con lo siguiente:

  • Determinar la utilidad fiscal de cada uno de los residentes en el extranjero, comparando las reglas de safe harbor o mediante la obtención de un APA.
  • Mantener a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad individual del residente en el extranjero.
  • No aplicar las disposiciones de maquiladoras en general
  • Aceptar la responsabilidad solidaria respecto al cálculo y entero del impuesto determinado por el residente en el extranjero.

El incumplimiento de las obligaciones anteriores conlleva, previa aclaración, la suspensión en el padrón de importadores de la maquiladora de albergue y que se considere que el residente en el extranjero constituye un EP en México por las operaciones que lleva a cabo en el país.

 

Estímulo Fiscal a la Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales

Se incorpora al estímulo de fomento a la producción teatral, danza, artes visuales y también a la aportación de proyectos en la edición y publicación de obras originales de autores mexicanos, consistente en aplicar un crédito contra el ISR del ejercicio. Dicho estimulo no puede exceder del 10% de la utilidad fiscal del ejercicio.

El monto máximo del estímulo a otorgar para la producción teatral, danza y artes visuales se aumenta de $150,000,000 a $200,000,000 MXN por ejercicio, con un máximo de $2,000,000 MXN por proyecto, sujeto a aprobación máxima de $10,000,000 MXN cuando la obra requiera de una inversión justificada.

En el caso de la inversión en proyectos de edición y publicación de obras nacionales no podrá exceder de $500,000 MXN por cada uno y más de $2,000,000 por contribuyente.

 

No aplicación del acreditamiento o devolución del IEPS a personas morales de derecho agrario

No podrán aplicar los estímulos fiscales consistentes en el acreditamiento o devolución del IEPS que les sea trasladado por la adquisición de diésel, biodiésel y sus mezclas para su consumo final, las personas morales de derecho agrario que, en los términos de la Ley, tengan derecho al beneficio de la reducción del 30% del ISR a su cargo por los ingresos derivados de la industrialización y comercialización de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

 

Estímulo a la utilización de aviones destinados al transporte de carga o pasajeros

 

Se establece una tasa impositiva del 1% en sustitución de la del 5% que se aplicaba a los ingresos obtenidos por el otorgamiento del uso o goce temporal de aviones con concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente en la transportación de pasajeros o de bienes, al ser consideradas como regalías. Lo anterior, derivado de la eliminación del estímulo fiscal que permitía un crédito fiscal equivalente al 80% de ese 5% de ISR y que solo aplicaba a aviones con la concesión o permiso citados cuando el arrendador que el arrendador era un residente en el extranjero sin EP en México.

 

Estímulos Fiscales Incorporados a la LISR

Los Estímulos Fiscales que se enuncian a continuación se encontraban señalados en la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que, a partir del ejercicio fiscal de 2020, es establecen en la LISR:

  • Se permite la disminución de la utilidad fiscal determinada para el pago provisional, con el monto de la PTU pagada en el ejercicio, en virtud del procedimiento establecido para la determinación de los pagos provisionales del impuesto, que efectúan las personas morales.
  • Se permite la deducción de un monto adicional equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a personas contratadas como empleados, que padezcan algún tipo de discapacidad motriz y que requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; discapacidad auditiva o de lenguaje, en un 80% o más de la capacidad normal o discapacidad mental, así como cuando se empleen invidentes.
  • Se permite que el crédito fiscal al que tienen derecho los contribuyentes por las aportaciones que realicen a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas cinematográficas nacionales, sea aplicable en los pagos provisionales del ejercicio.

 

Fondos de inversión de Capital Privado

En el ejercicio fiscal de 2021, entrará en vigor un estímulo para las figuras jurídicas extranjeras consideradas como transparentes para efectos fiscales en la jurisdicción de su constitución, que administren inversiones de capital privado y que inviertan en personas morales residentes en México, mediante el que únicamente en los refiere a ingresos pasivos (intereses, dividendos, ganancias de capital y arrendamiento de bienes inmuebles) se les otorga transparencia fiscal en México, estableciendo que serán los socios de dichas figuras quienes tributarán conforme al régimen que corresponda, siempre que se cumplan con ciertos requisitos.

La aplicación indebida del estímulo fiscal puede ser sancionada como defraudación fiscal.

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA)

Retención de IVA

Se actualizan los supuestos para sujetos retenedores de IVA.

Al respecto, las personas morales o las personas físicas con actividades empresariales deberán retener el 6% del valor de la contraprestación que paguen como contratantes, por los servicios recibidos de poner a su disposición o de una parte relacionada de estos, personal que desempeñe sus funciones en sus instalaciones o de una parte relacionada de estos, o incluso fuera de dichas instalaciones, cuando estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual.

Sobre el particular, es de suma importancia mencionar que en la Exposición de Motivos e Iniciativa de la reforma, se hacía una referencia expresa a que la retención en cuestión sería aplicable en materia de subcontratación laboral; sin embargo, la redacción final elimina la referencia específica de la subcontratación y señala que la retención es aplicable por la prestación de servicios que impliquen poner personal a disposición de la contratante sin hacer una distinción concreta, respecto al vínculo contractual, figura jurídica, lugar de prestación de servicios, y beneficiarios de los servicios, lo que genera la incertidumbre y, en nuestra opinión implica que la retención es aplicable en toda la prestación de servicios independientes y no únicamente a la subcontratación laboral.

Los contribuyentes que hayan emitido los CFDI’s de las contraprestaciones antes del 1º de enero de 2020, podrán aplicar las disposiciones vigentes en 2019, siempre que el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los 10 días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha; esto es, que la primera retención debe realizarse el 10 de enero de 2020.

Por otra parte, en lo que se refiere a la subcontratación laboral en congruencia con la reforma a la LISR, se deroga la obligación de proporcionar documentación e información sobre las operaciones de subcontratación del contratista hacia el contratante, así como la eliminación del reporte mensual de IVA trasladado que el contratista trasladó a sus clientes.

 

Servicios digitales por residentes en el extranjero sin EP

Se establece un nuevo capítulo para regular servicios digitales prestados en México por residentes en el extranjero propietarios de las plataformas, el cual entrará en vigor a partir de abril de 2020, a fin de que los mismos por una parte cobren al consumidor el IVA a la tasa del 16% y a su vez actúen como retenedores de los impuestos a cargo de sus proveedores de servicios que utilicen cuando actúan como intermediarios.

Se describen los servicios digitales como aquellos proporcionados mediante aplicaciones o contenidos digitales, pudiendo ser: descarga o acceso multimedia, intermediación (excepto los servicios de intermediación que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados), clubes, data storage-cloud, y enseñanza en línea-test.

En caso de que se ofrezcan servicios digitales de manera conjunta con otros servicios digitales no contemplados, y que no se haga la separación debida en las contraprestaciones, se presumirá que el 70% de la contraprestación cobrada corresponde a los servicios digitales gravados.

Se considera que el receptor del servicio se encuentra en territorio nacional cuando se manifieste al prestador un domicilio en México, cuando la IP de los dispositivos del receptor se ubique en México, cuando el receptor realice el pago mediante un intermediario ubicado en territorio nacional, y cuando de receptor señale un número telefónico cuyo código corresponda a México.

Se señala que el propietario de la plataforma residente en el extranjero tiene la obligación de

  • inscribirse en el RFC,
  • tramitar su firma electrónica avanzada
  • designar un representante legal,
  • incluir el IVA en forma expresa y por separado en sus ofertas,
  • llevar un registro de receptores de servicios,
  • calcular y enterar el IVA a la tasa del 16% por los servicios prestados o considerados prestados en México
  • reportar los servicios realizados mensualmente al SAT,
  • emitir los comprobantes correspondientes.

Lo anterior, no dará lugar a que se considere que el residente en el extranjero constituye un EP en el país.

Los receptores de los servicios podrán acreditar el IVA que les sea trasladado siempre que cumplan con los requisitos que establece la LIVA.

El SAT emitirá una lista de los residentes en el extranjero registrados en el RFC y, en caso de que alguno no se encuentre en dicha lista, sus servicios serán considerados como importación. Consecuentemente deberán pagar el impuesto conforme a dicho régimen.

Adicionalmente, los residentes en el extranjero que operen como intermediarios se obligarán a:

  • publicar de forma expresa por separado el IVA de sus precios,
  • retener a los prestadores del servicio o enajenantes o arrendadores de bienes el 50% del IVA cobrado y enterarlo en declaraciones,
  • expedir el CFDI de retenciones,
  • inscribirse ante el RFC como retenedor;
  • proporcionar información mensual de sus clientes enajenantes, prestadores de servicios y arrendadores al SAT.

Como se mencionó anteriormente, estas disposiciones al igual que en ISR entrarán en vigor a partir del 1 de junio de 2020; no obstante, el SAT deberá emitir las reglas de carácter general a más tardar el 31 de enero de 2020.

 

Actos o actividades no objeto de IVA

Se define a los actos no objeto del IVA como aquellos que son realizados por los contribuyentes, distintos a la enajenación y prestación de servicios y por los que, para su obtención, se realicen gastos e inversiones que incluyan la traslación del IVA. Dichos ingresos deberán ser considerados para calcular el factor de acreditamiento en proporción a los ingresos totales.

 

Saldos a favor

Se elimina de manera definitiva la compensación universal, por lo que los saldos a favor de IVA únicamente podrán acreditarse contra el IVA a cargo de los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución.

 

Exenciones en enajenación y prestación de servicios

Se adiciona un supuesto más de exención por la enajenación de bienes, prestación de servicios y uso o goce temporal de bienes que realicen las donatarias autorizadas.

Asimismo, no se considera un acto exento el de transporte terrestre de personas contratado mediante plataformas de servicios digitales de intermediación, cuando los vehículos sean de uso particular.

 

Servicios gratuitos

Se precisa que el momento de causación del impuesto en la prestación de servicios en forma gratuita, será en el momento en que se preste el servicio.

 

Constancias de retenciones

Se incorpora la facilidad para que los retenedores puedan optar por no expedir el CFDI por las retenciones efectuadas, siempre que la persona física que preste los servicios profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de bienes, les expida un comprobante que cumpla con los requisitos legales.

 

Código Fiscal de la Federación (CFF)

La reforma propuesta al Código Fiscal de la CFF es sustancial y busca regular, entre otros:

  • la comprobación de la materialidad y razón de negocio de las operaciones de los contribuyentes;
  • evitar la emisión, enajenación y adquisición o compra de comprobantes fiscales que busquen amparar operaciones que no fueron efectivamente realizadas: y
  • establecer normas que amplíen el alcance de fiscalización a los contribuyentes, sus operaciones y estructuras de planificación y operación.

Norma antiabuso. Comprobación de la razón de negocios

Se adiciona en el CFF que las autoridades fiscales podrán desconocer para efectos fiscales, los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que conlleven a obtener beneficios fiscales directos o indirectos, teniendo solo los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente.

Al respecto, se considera que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable (presente o futuro), sea menor al beneficio fiscal.

Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye generados mediante de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros.

Asimismo, se entenderá que las operaciones carecen de razón de negocios, cuando el beneficio económico pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos. No obstante, el contribuyente podrá desvirtuar las observaciones que en ese sentido le señale la autoridad en la última acta parcial (visitas domiciliarias), oficio de observaciones (revisión de gabinete) o en la resolución provisional y oficio de preliquidación (revisiones electrónicas), según corresponda.

Para la aplicación de dicha norma general anti-abuso, la autoridad fiscal deberá someter el caso a un órgano colegiado, integrado por funcionarios del SAT y de la SHCP, y obtener la opinión favorable de dicho órgano. En caso de no recibir la opinión del órgano colegiado en un plazo de dos meses, se entenderá que operó una negativa ficta; es importante notar que, durante el plazo antes mencionado, se suspenderían los plazos para concluir la auditoría.

Se precisa que la aplicación de la norma general anti-abuso, no generará consecuencias penales.

 

Regulación contra operaciones inexistentes (firma electrónica y certificados de sellos digitales)

Con el objetivo de regular las operaciones inexistentes, se establecen nuevos y rigurosos requisitos para la obtención de la firma electrónica avanzada y se establecen nuevas causales para cancelar los sellos digitales de los contribuyentes.

Firma electrónica

No se otorgará la e.firma cuando los contribuyentes no proporcionen información suficiente (o no puede ser validada) relacionada con su identidad, domicilio y sobre su situación fiscal. Al respecto, la autoridad mediante reglas de carácter general establecerá los documentos y el procedimiento para validar la información proporcionada por el contribuyente.

 

Certificados de sellos digitales

Se precisan las causales para cancelar los certificados de sellos digitales, donde los contribuyentes que no demuestren los extremos del supuesto de cancelación que se les impute se verán restringidos para facturar. Sin embargo, cuando el contribuyente presente su aclaración ante el SAT, la autoridad deberá, sin mayor trámite, reactivar los certificados de sellos digitales al día siguiente; por lo que los contribuyentes podrán seguir operando y facturando durante el desahogo del procedimiento de aclaración.

Asimismo, se le da la posibilidad a la autoridad de realizar todos los actos necesarios para revisar si las operaciones que se hacen constar en los comprobantes fiscales fueron efectivamente realizadas o en su defecto, declarar su inexistencia y el valor de sus comprobantes.

Ahora bien, la cancelación procederá cuando la autoridad detecte, los siguientes supuestos:

  • que los comprobantes fiscales se utilicen para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas,
  • que el contribuyente se encuentra publicado en el listado definitivo de facturadores de operaciones inexistentes;
  • que los contribuyentes no acrediten la efectiva realización o materialidad de sus operaciones ni corrijan su situación fiscal;
  • proporcionar datos incorrectos, respecto al domicilio fiscal del contribuyente cuando este no exista o sea de difícil localización y medio de contacto;
  • facturar ingresos o retenciones y éstos no correspondan con la información proporcionada en sus declaraciones;
  • si se cometen infracciones relacionadas con avisos al RFC, pago de impuestos y llevar contabilidad; y
  • cuando los contribuyentes efectúen la transmisión indebida de pérdidas fiscales.

 

Buzón tributario

Se establece la obligación de los contribuyentes para habilitar el buzón tributario donde deberán registrar medios de contacto válidos y mantenerlos actualizados. De no ser así, se entenderá que se opone a ser notificado para lo cual la autoridad podrá notificarle por estrados.

 

Responsabilidad solidaria

Serán responsables solidarios los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión.

Igualmente, quienes ejerzan funciones de dirección general/gerencia general/administración única serán responsables solidarios de las personas morales que dirigen, asumiendo las contribuciones causadas o no retenidas o no pagadas durante su gestión.

Asimismo, serán responsables de las contribuciones que debieron pagarse o enterarse y que no garantizan con los bienes de la dicha persona moral.

Respecto de la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas y de los asociantes en la asociación en participación, dicha  responsabilidad solidaria sólo sea procedente cuando la persona moral o la asociación en participación incurran en conductas graves, es decir, estar como no localizado, omitir el entero de contribuciones retenidas o recaudadas, emitir comprobantes que amparen operaciones inexistentes, dar efectos fiscales a comprobantes que amparen operaciones inexistentes (en ciertos casos), haber transmitido pérdidas fiscales de manera indebida.

 

Compensación universal

Se modifica el CFF para eliminar definitivamente la figura de compensación universal a través del Código y las demás leyes fiscales que la regulan, y no en la Ley de Ingresos como se hizo en 2019.

 

Inscripción en el RFC

Se reestructuran los requisitos y obligaciones en materia de inscripción en el RFC, respecto a los sujetos obligados; obligaciones; facultades de la autoridad y casos especiales, a fin de que la autoridad pueda identificar ágilmente quienes deben inscribirse en el RFC, las obligaciones que les corresponde, y ejercer sus facultades de revisión.

Dentro de los cambios a destacar, se encuentra que las personas morales tendrán la obligación de presentar un aviso en el RFC cada vez que sus socios o accionistas sean modificados.

Igualmente se establece la obligación de inscribir a los representantes legales, socios o accionistas de las personas morales con fines no lucrativos.

Asimismo, se deberá anotar en el libro de socios y accionistas, la clave en el registro federal de contribuyentes de cada socio y accionista y, en cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que concurran a la misma.

Se establece que el SAT tenga facultades requerir a los fedatarios públicos información sobre los documentos protocolizados ante ellos, para efectos de la inscripción o actualización en el RFC.

Se amplía el enfoque de verificación de domicilios fiscales, en el sentido de que el SAT además de comprobar los datos manifestados en el RFC, pueda comprobar si la información que manifiestan los contribuyentes en sus declaraciones y comprobantes fiscales digitales por Internet corresponde al tipo de actividades y operaciones que desarrollan y si cuentan con la infraestructura para realizar las mismas.

Opinión de cumplimiento

No podrán contar con una opinión de cumplimiento ni contratar con la administración pública los particulares que no estén localizados o su domicilio fiscal no cumpla con requisitos, los que tengan sentencia condenatoria firme tratándose de un delito fiscal, los que sean contribuyentes publicados en los listados definitivos de contribuyentes que facturan operaciones inexistentes o que transmiten pérdidas fiscales de forma indebida.

Asimismo, las empresas que cotizan en una bolsa de valores tienen la obligación de obtener mensualmente su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.

 

Firma electrónica de funcionarios de la SHCP y del SAT

Se permitirá el uso de la firma electrónica en cualquier documento que emitan los funcionarios de la SHCP y del SAT, en ejercicio de sus atribuciones otorgándoles el mismo valor de la firma autógrafa, y no limitarlo a las resoluciones administrativas que deban notificarse.

 

Secreto fiscal

Se elimina la reserva del secreto fiscal para las sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y extrabursátil, únicamente cuando no cumplan con la obligación de tramitar su constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Por otra parte, también se elimina la reserva del secreto fiscal para aquellos contribuyentes que le den efectos fiscales a comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes sin que hayan acreditado la materialidad de las operaciones o hayan corregido su situación fiscal.

 

Revelación de esquemas reportables

A partir del ejercicio de 2020, se deberá proporcionar información sobre temas que las autoridades fiscales han identificado como áreas de riesgo durante el ejercicio de sus facultades. Por ende, se establece la revelación de esquemas reportables en México.

La obligación de revelar esquemas reportables será aplicable a aquellos esquemas que surjan a partir de 2020, o con anterioridad, cuando sus efectos fiscales se reflejen a partir de dicho año. En estos últimos casos, lo que deberá revelarse será únicamente la parte del esquema reportable cuyos efectos fiscales se reflejen a partir de 2020, y la obligación estará a cargo únicamente del contribuyente.

Los plazos para cumplir con las obligaciones de esquemas reportables comenzarán a computarse a partir del 1 de enero de 2021, con el fin de que los obligados tengan un periodo de tiempo razonable para identificar, recopilar y analizar la información necesaria para tal efecto.

Ahora bien, en términos generales los esquemas reportables son los que puedan generar (directa o indirectamente), la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las características identificadas por las autoridades como áreas de riesgo.

Dentro de los temas de riesgo sujetos a reporte, se encuentran:

  • los relacionados con REFIPRES,
  • transmisión de pérdidas fiscales,
  • generación de EP,
  • uso de mecanismos híbridos,
  • subcontratación laboral, entre otros.

Se establece que los obligados principales serán los asesores fiscales quienes deberán presentar una declaración informativa, en la que revelarán los datos generales del asesor fiscal, el beneficiario del esquema, descripción detallada del esquema, mención de los beneficios fiscales e información financiera.

La SHCP deberá emitir un acuerdo secretarial a través del cual se determinen los parámetros sobre montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará las normas de divulgación obligatorias.

Igualmente, se establece que la información proporcionada en ningún caso podrá ser utilizada como antecedente para la investigación por la posible comisión de los delitos previstos en el CFF.

Por otra parte, se establece que la sola falta de presentación de un esquema reportable interrumpiría los plazos de caducidad.

Igualmente, la reforma precisa que por asesor fiscal se entenderá cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su actividad, sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable.

Si varios asesores fiscales se encuentran obligados a revelar un mismo esquema reportable, se considerará que los mismos han cumplido con la obligación, si uno de ellos revela dicho esquema a nombre y por cuenta de todos ellos. Cuando un asesor fiscal, que sea una persona física, preste servicios de asesoría fiscal a través de una persona moral, no estará obligado la revelación de esquemas, siempre que dicha persona moral revele el esquema reportable por ser considerada un asesor fiscal.

En caso que un esquema genere beneficios fiscales en México pero no sea reportable o exista un impedimento legal para su revelación por parte del asesor fiscal, éste deberá expedir una constancia, al contribuyente en la que justifique y motive las razones por las cuales lo considere no reportable o exista un impedimento para revelar, misma que se deberá entregar dentro de los 5 días siguientes al día en que se ponga a disposición del contribuyente el esquema reportable o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero.

El SAT llevará un registro de asesores fiscales, clasificando los tipos de esquemas fiscales generalizados y personalizados, e identificará los mismos con un número para que sea incluido en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes.

Finalmente, las autoridades fiscales podrán practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de verificar que hayan cumplido con sus obligaciones en materia de esquemas reportables.

 

Tercero colaborador fiscal

Con el objetivo de que la autoridad fiscal reciba información adicional que le permita identificar a presuntos emisores de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, se adiciona la figura de tercero colaborador fiscal, es decir, terceras personas que funjan como informantes de la autoridad, que proporcionen datos o información que podrá ser utilizada para llevar el procedimiento de revisión a operaciones presuntamente inexistentes.

Por lo tanto, las autoridades fiscales podrán recibir y, en su caso, emplear la información y documentación que proporcionen terceros

colaboradores fiscales, para substanciar el procedimiento, así como, para motivar las resoluciones respectivas.

 

Asimismo, es importante precisar que la identidad del tercero colaborador fiscal tendrá el carácter de reservada.

 

Notificaciones al contribuyente

Se establece privilegiar la secuencia de las notificaciones, permitiendo que en primer lugar la notificación a los contribuyentes sea por buzón tributario, después la notificación personal y al último el correo certificado.

 

Plazos de caducidad en casos de procedimientos de resolución de controversias previstos en tratados para evitar doble tributación (MAP)

Se precisa que los plazos de caducidad y prescripción previstos en el CFF no afectarán la implementación de los MAP.

 

Obligaciones de las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tendrán la obligación de solicitar a sus cuentahabientes los datos de identificación relativos a su correo electrónico, número de teléfono o algún otro medio de contacto electrónico.

 

Infracciones

En consecuencia, a las modificaciones a las diversas regulaciones en materia fiscal, se incorporan nuevas infracciones y sanciones para los contribuyentes:

RFC

Se adicionan sanciones para los fedatarios por no atender requerimientos de la autoridad respecto a la inscripción o actualización del RFC, así como por no asentar correctamente la clave del RFC en los libros sociales y escrituras públicas.

Declaraciones

Se incorporan supuestos de infracción por presentar información de los medios de contacto de manera incompleta o errónea.

Multas relacionadas con operaciones inexistentes

Se incrementa el monto de las sanciones para quienes deducen operaciones inexistentes que no corrijan su situación fiscal hasta $4,270 MXN por imprecisiones en asientos contables, y hasta un 75% del monto de cada gasto inexistente o no haya sido demostrado.

Buzón tributario

Se establecen infracciones por no habilitar el buzón tributario y no registrar los medios de contacto para efectos del buzón tributario, de entre $3,080 MXN hasta $9,250 MXN.

Infracciones por terceros

Se adicionan sanciones por publicar a través de cualquier medio o anuncio servicios para la adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, desde los $54,200 MXN hasta $85,200 MXN.

Esquemas reportables

Se sancionará a los asesores fiscales y/o contribuyentes que no revelen un esquema reportable o que no detengan actividades tendientes a la aplicación de dichos esquemas que hayan sido declarados ilegales, así como por no presentar la declaración informativa correspondiente.

Dichas sanciones van de $50,000 MXN hasta $2,000,000 MXN para contribuyentes; mientras que para los asesores fiscales puede ascender hasta $20,000,000 MXN en el caso de no informar al SAT cualquier cambio posterior a la revelación del esquema reportable y de hasta $5,000,000 MXN en caso de implementar un esquema con posterioridad a que este haya sido publicado con efectos fiscales ilegales por el SAT.

 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (LIEPS)

 

Actualización de las cuotas para tabacos labrados y bebidas saborizadas

 

Cigarros, Puros y Tabacos labrados

La cuota de estos productos se actualizará con la inflación correspondiente al periodo comprendido de noviembre de 2010 y noviembre de 2019.

Bebidas saborizadas

Por su parte, la cuota de las bebidas saborizadas se actualizará con la inflación correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a noviembre de 2019.

 

Eliminación del impuesto a la cerveza

Se elimina el impuesto de $3.00, sujeto a reducción por reutilización de envases, aplicable a los fabricantes, productores o envasadores de cerveza por lo que solo se causará el impuesto con base en una tasa.

 

Combustibles automotrices

Definiciones de combustibles

Se modifica y armoniza la medición de octanaje en gasolinas de 92 octanos a 91, a fin de ser congruentes con las NOM´s aplicables.

Igualmente se sustituyen las definiciones de combustibles automotrices, gasolina, diésel, combustibles no fósiles y etanol.

 

Compensación de saldos a favor del IEPS

En alcance a la eliminación de la “compensación universal” y de otorgar una supuesta certeza jurídica en materia de compensaciones, se deja en claro que los saldos a favor solo se podrán compensar contra cantidades a cargo del mismo impuesto y misma categoría

En ese sentido, por ejemplo, si un saldo a favor deriva impuesto especial por enajenación o importación de bebidas alcohólicas no podrán ser compensados sobre créditos surgidos por el IEPS generado en otra actividad gravada por la misma ley. Por ejemplo; la enajenación de bebidas saborizadas, ya que no se consideran derivados del mismo impuesto.

Asimismo, dentro de las limitaciones respectivas se establece que la devolución de saldos a favor a los contribuyentes cuyas ventas de exportación representen cuando menos el 90% de las actividades realizadas, que, en lugar de optar por compensar sus saldos a favor, podrán solicitar su devolución desapareciendo así la posibilidad de aplicar la compensación universal contra otros impuestos federales.

Definición de bebida energetizante

Se establece una definición de bebidas energizantes, señalando que son aquellas adicionadas con la mezcla de cafeína y taurina o glucoronolactona o tiamina o cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares, independientemente de los gramos de cafeína que contengan.

Padrón de Importadores de Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables que no Elaboren Bebidas Alcohólicas

Se establece que los contribuyentes importadores de alcohol y mieles que nos sean bebidas alcohólicas ya no estén afectos al padrón especializado para dicho fin, sino que a partir del 1° de enero de 2020 deberán de darse de alta en el padrón de importadores general.

 

Delitos Fiscales como Delincuencia Organizada

 

En materia de delitos fiscales, se reformaron la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.

Derivado de lo anterior, se tiene que se consideran como conductas de delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional los delitos de defraudación fiscal y su equiparable. Incluyendo expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, cuando el monto defraudado o del comprobante respectivo, exceda de la cantidad de $7,804,230 MXN.

Por otra parte, se establece que el delito de contrabando y su equiparable, se siga considerando como delincuencia organizada, sin limitación de monto alguno. Es decir, sin importar el monto de la contribución o cuota compensatoria omitida.

Por lo tanto, la aplicación de esta reforma implica que los delitos fiscales citados sean sancionados mediante el régimen de excepción de la delincuencia organizada de extinción de dominio y la prisión preventiva oficiosa, esto es, con una pena privativa de la libertad, que puede ser de hasta 8 años.

Asimismo, no sobra mencionar que el tratamiento legal aplicable a los delitos fiscales mencionados es equiparable al de terrorismo, secuestro, tráfico de personas, órganos y armas, entre otros de alta peligrosidad.

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