Cronología

• Suscripción: 14 de octubre de 2017
• Aprobación: 18 de junio de 2022 DOF – Diario Oficial de la Federación
• Entrada en vigor: 2 de julio de 2023
• Comunicado SHCP: 5 de julio de 2023
• Aplicación: 1 de enero de 2024

¿Qué es?

La Alianza del Pacífico se integra por Chile, Colombia, México y Perú, los cuales suscribieron la “Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, con el objetivo de modificar los convenios bilaterales para evitar la doble imposición suscritos entre países, para contribuir a la reactivación económica de la región.

¿Qué establece?

La convención establece lo siguiente:

1. Fondos de Pensiones

Reconoce la condición de residentes a los fondos de pensiones para efectos de la aplicación de los convenios para evitar la doble tributación, por lo que dichos fondos podrán aplicar los beneficios de dichos convenios y se considerarán beneficiarios efectivos. Para tales efectos, se consideran fondos de pensiones los siguientes:

2. Intereses y ganancias de capital

Equipara el tratamiento fiscal para los ingresos por concepto de intereses y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de acciones realizada a través de una bolsa de valores que forme parte del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y percibidas por los fondos de pensiones.

a) Intereses: Se establece que los intereses procedentes de alguno de los países miembros cuyo perceptor es un fondo de pensiones reconocido también de alguno de los países miembros, serán gravados en el país de residencia del perceptor y no de la fuente; sin embargo, podrán gravarse en el país de fuente, pero el impuesto no podrá exceder del 10% del importe bruto de los intereses. No obstante, se podrá aplicar el tratamiento fiscal de los convenios cuando los intereses gocen de un impuesto menor al 10% del importe bruto de los intereses o gocen de una exención en el país miembro del que procedan los intereses debido a la naturaleza jurídica del deudor.

b) Ganancias de capital: Las ganancias de capital obtenidas por un fondo de pensiones reconocido de un país miembro provenientes de la enajenación de acciones representativas del capital de una sociedad que es residente de un país que es Parte de la Convención realizada a través de una bolsa de valores que forme parte del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), solo pueden someterse a imposición en el país mencionado en primer lugar (residencia).

Cabe señalar que, respecto a Perú y México, se aplicara la convención, aunque en el protocolo del convenio para evitar la doble imposición entre dichos países, este no sea aplicable cuando el perceptor del ingreso de intereses o ganancias de capital, según corresponda, siendo residente de uno de dichos países, no esté sujeto a imposición o esté exento en relación con esos ingresos de acuerdo con las leyes de del país de residencia.

Fuente: Convencion-para-homologar-el-tratamiento-impositivo.pdf (alianzapacifico.net)

Convención para evitar la doble imposición de la Alianza del Pacífico entró en vigor y comenzará a aplicar desde próximo primero de enero – Alianza del Pacífico. (alianzapacifico.net)

CONVENCIÓN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO ENTRÓ EN VIGOR Y COMENZARÁ A APLICAR DESDE EL PRÓXIMO 1 DE ENERO | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

Algunos antecedentes

• 1996: México “código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas”, (Consejo Coordinador Empresarial). 
• 1999: “Principios de Gobierno Corporativo” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)).

¿Qué es el gobierno corporativo y para qué sirve?

• Conocido como “gobernanza societaria” o “buenas prácticas corporativas”.
• Consiste en las normas, procedimientos, guías, manuales y en general regulaciones que una sociedad implementa internamente para su funcionamiento como ente jurídico individual y como aquella ficción jurídica que tiene como objetivo desempeñar una función dentro de la sociedad de un país y que su interacción no es solo con otras personas morales, sino con los gobiernos, clientes, proveedores con el fin de brindar un servicio, productos, actividad económica o social que es aprovechada por estos. 
• Permite mediante su autorregulación no solo el correcto funcionamiento operativo para el cual fue creado, sino que aporta un elemento de confianza, compromiso, buenas prácticas, pero sobre todo responsabilidad del ente moral, generando en los stockholders la confianza de que los servicios o bienes que le ofrecen o que reciben de la sociedad gobernada están respaldados en sus procesos y que cuentan con mecanismos para exigir derechos o bien dirimir sus obligaciones, incluso para los gobiernos de los países representan la certeza de que estas empresas gobernadas tienen mecanismos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, de seguridad social, de responsabilidad ante la sociedad y el medio ambiente.
• Regula las actividades vulnerables que realizan los entes jurídicos en los países, así como controla el reporte de estas, responsabilizando a las personas morales y los individuos que son dueños, beneficiarios o la controlan.

Principios rectores del gobierno corporativo a:

• Transparencia: obligación de reflejar con certeza la información contable, fiscal, legal y administrativa de una organización, por un lado, para la mejor toma de decisiones por parte de los agentes internos (accionistas, socios, administradores y mandos que tengan facultad para la toma de decisiones) y, por el otro, para el manejo de dicha información por obligación impuesta en los marcos jurídicos nacionales, por parte de los agentes externos (inversionistas, clientes, proveedores y gobiernos), mediante la implementación de procedimientos internos claros, documentados, administrados por órganos especializados para el mejor funcionamiento y prácticas de cualquier área de la entidad. 
• Responsabilidad: a base de la operación de los miembros que integran los cuerpos directivos, administrativos o toma de decisiones dentro de una sociedad, que detalla el alcance de las funciones, mecanismos de autorregulación de la interacción entre los órganos y la responsabilidad individual de cada persona por la función que desempeña, sin dejar de lado la responsabilidad civil, mercantil, ecológica, y hasta penal de la entidad o sociedad. Al respecto, conviene tener los manuales de conducta, ética, igualdad entre las personas, así como de procedimientos que reglen el actuar interno y conductas externas del ente mora. 
• Independencia: vital para la autorregulación de los órganos internos de dirección de la sociedad, conteniendo los procedimientos y alcances de las actividades, responsabilidad, pero sobre todo de los llamados “stockholderes” o terceras personas que no son agentes internos de la sociedad, pero que, debido a su interacción cotidiana e importancia en la relación con ellas, tienen o influyen en la vida de esta, caso de clientes y proveedores. Se busca la certeza jurídica y claridad para la toma de decisiones a fin de evitar elementos perniciosos como lo son la corrupción, malas prácticas e influencias para la persona moral. 
• Administración: actividad esencial para la operación diaria de los entes morales; refiere a la implementación de las normas operativas que permitan la interacción en procesos y procedimientos entre los órganos de la sociedad y van desde las reglas para el consejo de administración, acuerdo entre socios, cuerpos directivos y pasa por todos los departamentos, desde producción, tesorería, hasta recursos humanos. La elaboración de códigos y manuales es vital, pero su implementación y supervisión es complementaria para una eficaz gobernanza.

¿Para qué necesito el gobierno corporativo?

Para obligar y vincular a la ficción jurídica que es la entidad con los agentes internos y externos no solo a responder en caso de responsabilidad, sino a ejercer derechos que afecten a la negociación. 

Para que la autorregulación de un ente jurídico en beneficio de sus decisiones y administración; operación y responsabilidad, así como desde una perspectiva individual, en beneficio de todo ser humano que trabaje, interactúe o se vincule por cualquier razón a la sociedad, procurando sus derechos humanos, información personal y el medio ambiente para mejorar las oportunidades con clientes y proveedores internacionales a largo plazo e intangibles como una mejor organización en el corto periodo.

¿Es una inversión o un gasto?

Es una inversión porque a pesar del gasto de recursos económicos y humanos que se requieren para su implementación, este representará a la larga un beneficio tangible para la sociedad, reflejado en mejores oportunidades de negocios como la entrada a mercados reglados y estrictos donde solo participen empresas certificadas y con controles inherentes a un gobierno corporativo; también puede representar calificaciones de menor grado o riesgo para el financiamiento solicitado por el ente, ya que calificadores y participantes del sector financiero (que cuentan con gobiernos corporativos) basan en control de riesgo los montos dispuestos para el crédito, por lo que a menor riesgo, mayor oportunidad de financiamiento a bajo costo.

Es indudable que el gobierno corporativo no es solo una herramienta que ayuda a maximizar la operatividad de una empresa, sino que garantiza su funcionamiento y viabilidad sobre las personas, esto quiere decir que la autorregulación es sinónimo de que exista una operación fluida sin importar que persona este al frente en la toma de decisiones, porque dichas decisiones no dependen de la persona que está en el frente sino de los procedimientos internos, o bien, el propio gobierno corporativo que garantizará los empleos y funcionamiento de la empresa así como su subsistencia.

Como parte de las obligaciones de precios de transferencia se encuentra la elaboración y presentación de las siguientes declaraciones informativas:

• Anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple (DIM)
• Declaración Local
• Declaración Maestra
• Declaración país por país 

A continuación se dará una breve explicación de cada una de ellas:

• Respecto al anexo 9 de la DIM, este deberá ser presentado por aquellos contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas, indistintamente, de la residencia fiscal de las mismas. Este documento incluye información obtenida del análisis de precios de transferencia realizado por el asesor, tal como el número de comparables, rango de mercado, información financiera, etc. Esta información deberá ser presentada respecto de las transacciones realizadas en 2022 a más tardar el 15 de mayo de 2023.

• Los contribuyentes obligados a presentar la Declaración Local son aquellos que hayan realizado operaciones con partes relacionadas y que hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos superiores a $904,215,560. Como parte de esta declaración se tiene que incluir cierta documentación relacionada con las transacciones intercompañía realizadas, así como información adicional tales como la cadena de valor, descripción de la estructura administrativa, estrategias y reestructuraciones de negocio, entre otros. Este documento deberá presentarse antes del 15 de mayo de 2023. Es importante mencionar que, de acuerdo con la reforma fiscal para 2022, las partes relacionadas de las empresas que se encuentren obligadas a dictaminarse, tendrán que presentar la declaración local de igual manera, aún y cuando estas no hayan superado la limitante de ingresos mencionada anteriormente.

• Por su parte, la declaración maestra incluye cierta información respecto a la estructura del Grupo Multinacional, como la descripción de intangibles, actividades financieras, etc. Esta información deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

• Finalmente, la declaración país por país proporciona datos resumidos por cada jurisdicción en las que se encuentren las empresas del Grupo, incluidos los ingresos, la utilidad, impuestos, etc. Esta declaración deberá ser presentada a más tardar el 31 de diciembre de 2023. 

Nuevas disposiciones legales para la obligación de la presentación del anexo 9 de la DIM:

El 27 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023 y sus Anexos, la cual se encuentra en vigor a partir del 01 de enero de 2023. Se incorpora la regla 3.9.19 en donde se señala que los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas podrán optar por no presentar la información del anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple (DIM), siempre y cuando los contribuyentes que realicen actividades empresariales no superen los 13 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, o bien que no hayan superado en dicho ejercicio los 3 millones de pesos en la prestación de servicios profesionales.

En diciembre de 2022, el SAT dio a conocer el aplicativo para la presentación de la declaración anual de personas morales correspondiente al ejercicio 2022, el cual sufrió algunas modificaciones respecto a la versión de años anteriores: 

En la sección de “ISR Personas Morales” apartado “Ingresos Nominales” rubro “Tipo de Ingreso” se incluyen los siguientes conceptos:

• Utilidad fiscal en la enajenación de bienes adjudicados
• Ganancia por operaciones derivadas referidas a tipo de cambio
• Utilidad Fiscal por enajenación o cesión de cartera
• Recuperaciones de cartera de crédito
• Ingreso acumulable por liberación de reservas
• Primas emitidas
• Consolidación de la nuda propiedad y usufructo

Por otra parte, en el rubro de “Ingresos que solo se acumulan en la declaración anual” se adicionan varios conceptos, entre otros, ganancia por enajenación total del activo; opción de acumulación de ingresos por cobro total o parcial del precio; ingresos por fideicomisos inmobiliarios; así como varios conceptos de estímulos fiscales de IEPS. 

Respecto al apartado de “Deducciones Autorizadas” rubro de “Gastos” se adicionan lo siguientes conceptos:

• Pérdida fiscal en enajenación de bienes adjudicados.
• Pérdida fiscal por enajenación o cesión de cartera
• Castigos
• Condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera
• Pérdida por operaciones derivadas referidas a tipo de cambio
• Aportaciones al IPAB
• Comisiones a agentes
• Compensaciones adicionales a agentes
• Comisiones por reaseguro y reafianzamiento tomado.
• Primas cedidas
• Artículos y enseres de limpieza
• Propaganda y publicidad
• Papelería y útiles
• Gastos de mantenimiento 
• Pagos a personas físicas exentas del ISR que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. 
• Costo de los libros, periódicos y revistas
• Gastos realizados en el pago de servicios por el uso de infraestructura carretera
• Gastos realizados en el ejercicio por proyectos de inversión y desarrollo tecnológico
• Pago de peaje para transporte público de personas
• Pago de peaje para transporte público de carga
• Pago de peaje para transporte público turístico
• Pago de peaje para transporte privado de personas
• Pago de peaje para transporte privado de carga
• Pago de peaje para transporte privado turístico
• Pago del derecho especial sobre minería

Finalmente, en el apartado de “Facilidades Administrativas y estímulos deducibles” en el rubro “Tipo de estímulo” se adiciona la Deducción del costo de adquisición de terrenos por contribuyentes dedicados a la construcción y desarrollos inmobiliarios.

En la sección de “Estados Financieros” se realizan los siguientes cambios:

• Se adicionan el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. 
• En los cuatro estados financieros se incluye la columna del ejercicio fiscal a presentar, es decir, 2022 como el 2021, para mostrar cifras comparativas entre el ejercicio actual a declarar y el inmediato anterior. 
• En cada rubro a llenar se adiciona un campo para notas en el cual se puede agregar explicaciones de las variaciones de un ejercicio a otro. 
• En la subsección “Conciliación” relativa a la conciliación contable fiscal se incluyen columnas para reflejar información del ejercicio 2022 y 2021.
  • En el apartado de “Ingresos Fiscales No Contables” se adicionan conceptos como: utilidad cambiaria fiscal; utilidad fiscal en la enajenación de bienes adjudicados; ganancia por operaciones derivadas referidas a tipo de cambio; utilidad fiscal por enajenación o cesión de cartera y recuperaciones de cartera de crédito e ingreso acumulable por liberación de reservas. 
  • Por otra parte, en el apartado de “Deducciones Contables No Fiscales” se incluyeron conceptos de provisiones; pérdida contable en enajenación de bienes adjudicados; estimación preventiva para riesgos crediticios y resultado por valuación a valor razonable.
  • Dentro de las “Deducciones Fiscales No Contables” se adicionan los conceptos de pérdida fiscal en enajenación de bienes adjudicados; pérdida fiscal por enajenación o cesión de cartera, castigos; condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera; pérdidas por créditos incobrables y pérdida por operaciones derivadas referidas a tipo de cambio. 
  • Finalmente, en el apartado de “Ingresos Contables no Fiscales” se adicionan los conceptos: utilidad cambiaria contable; utilidad contable en enajenación de terrenos; utilidad contable en enajenación de bienes adjudicados y resultado por valuación a valor razonable.

Es importante mencionar que no se contemplan los conceptos otros ingresos fiscales no contables; otras deducciones contables no fiscales; otras deducciones fiscales no contables y otros ingresos contables no fiscales por lo que deberán clasificarse en alguno de los conceptos preestablecidos.  

Importante: las Personas Morales que estén obligadas u opten a dictaminar sus estados financieros y las que tienen la obligación de presentar la información sobre su situación fiscal o ISSIF (ISSIF) únicamente completaran la sección “ISR Personas Morales”, ya que el aplicativo deshabilitará la sección “Estados Financieros”.

Por Cristina Contreras, Gerente Fiscal.

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Regla General Antiabuso en México Referente a la Razón de Negocios e Integración del Órgano Colegiado Revisor.

El pasado 3 de febrero de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en el DOF un acuerdo mediante el que establece diversas modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten y/o ejecuten servicios u obras especializadas (REPSE) que se habían sido publicadas el 24 de mayo de 2021 , a fin de lograr mayor eficacia en el desarrollo de las acciones de vigilancia y promoción del cumplimiento de la normatividad laboral que regula la subcontratación de servicios u obras especializados.

Disposiciones para el registro REPSE

Las reglas o disposiciones en cuestión entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación (a partir del 7 de febrero de 2023) y en resumen, son las siguientes:

• La solicitud de inscripción en el REPSE se deberá acompañar del último comprobante de nómina y último comprobante del Sistema Único de Determinación (SUA) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
• Se podrá solicitar en cualquier momento la cancelación del registro, cuando sea conveniente y siempre que se justifique la necesidad de cancelarlo; igualmente, se podrán modificar, actualizar y agregar actividades, las cuales deberán coincidir con el objeto social y/o constancia de situación fiscal.
• La STPS actuará a través de la Unidad de Trabajo Digno y sus Unidades Administrativas, y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, para solicitar información y documentación a fin de verificar los datos proporcionados por los solicitantes, beneficiarias y entidades gubernamentales, según corresponda; así como para vigilar y promover el cumplimiento de la legislación laboral en materia de subcontratación.
• Las acciones de vigilancia incluyen verificar que la información del registro coincida con las condiciones reales del centro de trabajo, con las actividades que se prestan como servicios u obras especializadas, así como con los contratos respectivos, además de revisar el cumplimiento a las condiciones de trabajo relacionadas con las altas de los trabajadores ante el IMSS.
• Por otra parte, de las empresas beneficiarias de los servicios u obras especializadas se revisará que cuenten con los contratos respectivos, que los trabajadores subcontratados no realicen actividades del objeto social de la beneficiaria y que se encuentren debidamente identificados, mediante la imagen, nombre, gafete o código de identidad que vincule a dichos trabajadores con la empresa que presta el servicio especializado u obra especializada durante el desarrollo de sus labores en las instalaciones de la empresa beneficiaria o que contrata los servicios.
• Las acciones de vigilancia y sus resultados deberán hacerse constar, y en caso de detectar incumplimiento a la regulación aplicable en materia de subcontratación, se podrá solicitar e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente y, en su caso, el procedimiento de cancelación del registro, la cual procederá cuando los trabajadores involucrados no se encuentren registrados en el IMSS, cuando haya irregularidades relacionadas con el salario de los trabajadores y/o con el contrato de prestación del servicio u obra especializados y cuando hay discrepancias en la información del registro y la verificada durante una inspección.
• El procedimiento iniciará con la notificación del incumplimiento detectado, otorgando 5 días hábiles para desvirtuarlo.

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Regla General Antiabuso en México Referente a la Razón de Negocios e Integración del Órgano Colegiado Revisor.

De acuerdo con la Acción 6 del Plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), referente a la prevención en el abuso de tratados, en México a partir de 2020, se adicionó el artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) para implementar su regla general antiabuso, la cual en conjunción con otros procedimientos se utiliza para desconocer y desestimar los efectos fiscales de operaciones en las cuales se intenta el uso de engaños o aprovechamiento de errores en la legislación o la no aplicación de una norma legal justificándose en otra para disminuir o eliminar el pago de contribuciones, para evasión y/o elusión fiscal.

Objetivo de la Regla General Antiabuso en México

En México, con la regla del artículo 5-A del CFF, se busca evitar que las operaciones de los contribuyentes que no tengan una razón de negocios generen un beneficio fiscal, por lo que es necesario es demostrar que el beneficio económico esperado u obtenido es mayor que el fiscal, así como la justificación y necesidad de realizar la operación de que se trate, considerando su utilidad económica en la generación de ingresos, reducción de costos, aumento en el valor de los bienes propiedad del contribuyente, el mejoramiento de su posición en el mercado y el desarrollo de relaciones con clientes y proveedores.

Por otra parte, a partir de la reforma fiscal de 2022 en México se estableció como un requisito indispensable la razón de negocios en las operaciones de financiamiento de las que deriven intereses a cargo, fusión o escisión de sociedades y reestructuras corporativas.

Ahora bien, la aplicación de la cláusula anti-abuso sólo se origina por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación mediante visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas, por lo que no es aplicable en facultades de gestión, planeación de fiscalización, vigilancia, asistencia y control, como, por ejemplo, la de las cartas invitación o de correos electrónicos enviados por la autoridad fiscal.

Integración del Órgano Colegiado Revisor

Dentro del procedimiento para la aplicación de la cláusula antiabuso de razón de negocios, se tiene que una vez iniciadas las facultades de comprobación, la autoridad fiscalizadora, con base en los hechos y circunstancias del contribuyente reconocidos al amparo de dichas facultades, así como de la valoración de los elementos, la información y documentación obtenidos durante las mismas, deberá enviar a revisión el caso a un órgano colegiado, el cual no había sido materialmente integrado, sino hasta el 1 de enero de 2023, mediante la regla 2.1.52. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de 2023 (RMF), la cual establece la integración del órgano colegiado y sus reglas de operación, a fin de que dicho órgano, en los casos que conozca, emita la opinión favorable para la aplicación de la regla antiabuso. En caso de no recibir la opinión del órgano colegiado dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la presentación del caso por parte de la autoridad fiscal, se entenderá realizada en sentido negativo. 

Dicho órgano colegiado se integrará por un Coordinador, como presidente de las sesiones, quien a su vez deberá designar un Secretario Técnico y un Prosecretario; por otra parte, integrarán el órgano con voz y voto los titulares de la Unidad de Legislación Tributaria, Unidad de Política de Ingresos Tributarios, y Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, Administración General de Grandes Contribuyente, Administración General de Hidrocarburos, Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y Administración General Jurídica, debiendo tener como quorum mínimo para sesionar se integrará con la asistencia de, al menos, 5 de los titulares de las unidades administrativas citadas y el Coordinador o su suplente. La opinión del órgano colegiado se conformará con el voto de más de la mitad de los funcionarios presentes.

Conclusiones

Es evidente que para el ejercicio fiscal de 2023 las autoridades fiscales pretenden ejercer sus facultades de comprobación revisando si las operaciones de los contribuyentes tienen o carecen razón de negocios, por lo que para evitar contingencias, en las que no se reconozcan los efectos fiscales de una operación o esta sea re-caracterizada, no debe perderse de vista que al final del día, ya hay un órgano encargado de la opinión de razón de negocios, así como de que dicha razón de negocios es un requisito fiscal de las operaciones y que aunque las operaciones queden o no sujetas a la opinión del órgano colegiado, se debe integrar un expediente de evidencias que comprueben el antes, durante y después de cualquier operación y demuestran tanto su razón de negocios como su materialidad o efectiva realización.

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Cambios en el periodo vacacional de trabajadores | Todo sobre esta nueva reforma

Senado aprueba la Convención Multilateral

El pasado 14 de diciembre de 2022, por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para ampliar de 6 a 12 días el periodo vacacional de los trabajadores, desde el primer año laboral, por lo que envió el dictamen al Ejecutivo Federal, quedando pendiente únicamente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esperando que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

¿De qué habla la reforma en el periodo vacacional de trabajadores?

Se modifica el artículo 76 de la LFT señalando que los empleados que tengan más de 1 año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables, y que aumentará en 2 días laborables, hasta llegar a 20, por cada año subsecuente de servicios, a partir del sexto año, agrega, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. 

Así mismo, se modifica el artículo 78 de la LFT, estableciendo que del total del periodo que le corresponda, cada empleado disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos, y que dicho periodo a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera.

Nuevos periodos vacacionales para trabajadores

Los periodos vacacionales quedarán de la siguiente manera:

Otros puntos a considerar sobre la reforma para periodos vacacionales en trabajadores

Los efectos de la reforma no son retroactivos, por lo que no aumentaran días respecto de periodos vacacionales pasados u otorgados conforme a la legislación actual; es decir, no hay adeudos de días de años pasados; no obstante, sí deben aumentar los días de vacaciones que correspondan a cada trabajador conforme a su antigüedad. 

En otras palabras, por ejemplo, si un trabajador tuvo 6 días de vacaciones en su primer año de trabajo, no significa que con la reforma el patrón tenga pendiente otorgarle 6 días más; pero para su segundo año, ya no tendrá 8 días de vacaciones, sino 14.

Igualmente, es importante mencionar que los días de vacaciones solo pueden aumentar y no disminuir, por lo que, si en un contrato de trabajo se establecen periodos vacacionales superiores a los establecidos en la reforma, dichos periodos no pueden reducirse con motivo de la reforma.

En el caso de los empleados que hayan iniciado su relación laboral en 2022 y cumplan su primer año de trabajo en 2023, la reforma no establece disposiciones para la transición respectiva; sin embargo, conforme al artículo 18 de la LFT que establece que en caso de duda sobre las normas del trabajo debe prevalecer la interpretación más favorable al trabajador, se considera que lo más favorable al trabajador es que goce de los 12 días vigentes conforme a lo que establece la LFT en el momento en que el empleado cumple el año de servicios.

Por otra parte, si un trabajador cumple su primer año de trabajo en 2022, pero las toma o disfruta hasta 2023, su periodo vacacional será de 6 días conforme a la legislación vigente en el año en que generó su derecho al periodo vacacional.

Otros puntos prácticos para considerar son que incrementa el monto de la prima vacacional y, en consecuencia, el salario base de cotización y el impuesto sobre nóminas. Asimismo, se deberá considerar el efecto del aumento de la prima vacacional en el monto exento de ISR y la deducción parcial de dicha prestación.

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