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Propuesta: Paquete Económico 2021

Foto por Ricardo Ortiz desde www.pexels.com

Para la Reforma Fiscal del ejercicio fiscal de 2021, el Ejecutivo presentó el 8 de septiembre de 2020, al Congreso de la Unión, el Paquete Económico respectivo, el cual incluye, entre otros, propuestas para la Miscelánea fiscal en materia de Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Código Fiscal de la Federación (CFF).

La propuesta del Paquete Económico no incluye nuevos impuestos, pero si ajustes en las regulaciones aplicables relativos a cumplimiento de obligaciones y requisitos aumentando la fiscalización, con base en premisas sobre la simplificación administrativa, seguridad jurídica, modernización, gestión tributaria, eficiencia recaudatoria, combate a la corrupción e impunidad y evasión y elusión fiscales.

Una vez que el proyecto sea analizado por las Cámaras del Congreso, éste deberá aprobarse a más tardar el 31 de octubre de 2020, para iniciar su vigencia en 2021.

No obstante, a pesar de que está pendiente la aprobación definitiva del proyecto, a continuación, les mencionamos los aspectos más relevantes que se incluyen para reformar la LISR, LIVA, LIEPS y CFF:

1. Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)

1.1. Eliminación de los Programas Escuela Empresa como donatarias autorizadas.

Dado que no hay solicitudes de Programas Escuela Empresa para recibir donativos deducibles de ISR se propone eliminar dichos programas como donatarias autorizadas.

1.2. Personas morales con fines no lucrativos que deben estar autorizadas como donatarias para no pagar ISR

Por otra parte, las asociaciones o sociedades que otorguen becas, las dedicadas a la investigación científica o tecnológica, las dedicadas a la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática y actividades de protección ambiental y las entidades dedicadas a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat, podrán tributar como personas morales con fines no lucrativos, siempre que obtengan autorización para recibir donativos deducibles, de lo contrario, deberán pagar el ISR que les corresponda por sus actividades.

1.3. Gastos que se consideraran remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos

Se propone que las personas morales con fines no lucrativas además de estar autorizadas como donatarias soporten sus actos y actividades con los comprobantes fiscales y con la documentación adicional que corresponda, de lo contrario cualquier gasto no soportado se considerara como remanente distribuible.

1.4. Organismos cooperativos de integración y representación a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Se propone adicionar como personas morales con fines no lucrativos para efectos del ISR como organismos cooperativos de integración y representación de las sociedades cooperativas.

1.5. Requisitos especiales de donatarias autorizadas

1.5.1. Ingresos no relacionados con la actividad autorizada

Se propone revocar la autorización de donatarias autorizadas a aquellas que obtengan más del 50% de sus ingresos por/de actividades no relacionadas con su actividad, para evitar que realicen actividades lucrativas. En caso de no obtener nuevamente su autorización dentro de los 12 meses siguientes a la pérdida de la primera autorización, deberán destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta.

1.5.2. Simulación

Las donatarias autorizadas que hayan obtenido comprobantes fiscales expedidos por contribuyentes con operaciones inexistentes y/o simuladas, y que se encuentren listados como tales por las autoridades fiscales, deberán considerar como ingresos el importe que amparen los referidos comprobantes fiscales, debiendo pagar el impuesto si en un plazo de 30 días no acreditan que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios respectivos.

1.5.3. Patrimonio de donatarias

Las donatarias solo podrán destinar su patrimonio a otras donatarias autorizadas cuando les sea revocada y/o quede sin vigencia su autorización. Las donatarias beneficiadas deberán emitir el comprobante fiscal correspondiente por concepto de donativo, el cual no será deducible para efectos del ISR. Lo anterior también será aplicable en caso de que a una donataria autorizada se le apruebe su solicitud de cancelación de su autorización.

1.5.4. Revocación de autorización de donatarias

En alcance y congruencia a lo anterior, el proyecto propone adicionalmente revocar la autorización de las donatarias cuando no destinen su activo a los fines exclusivos del objeto social por el que obtuvieron su autorización, no expidan comprobantes fiscales o los expidan como donativos cuando corresponden a una operación distinta y que no es donación, así como cuando estén dentro del listado definitivo de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes y/o simuladas.

Igualmente, se revocará la autorización si el o los representantes legales, socios o asociados o cualquier integrante del Consejo Directivo o de Administración de una organización civil o fideicomiso que haya sido revocada su autorización dentro de los últimos 5 años, forman parte de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles durante la vigencia de la misma.

Las organizaciones civiles y fideicomisos cuya autorización para recibir donativos deducibles haya sido revocada por los supuestos anteriores no podrán obtener nuevamente la autorización para recibir donativos deducibles, hasta en tanto no corrijan el motivo por el cual fueron revocadas o en su caso paguen el ISR correspondiente.

Por otra parte, en el caso de que la autorización se revoque por obtener ingresos no relacionados con el objeto de la donataria, no se podrá obtener nuevamente la autorización y deberá destinarse todo su patrimonio a otra donataria autorizada.

La SHCP deberá notificar al contribuyente la causa de revocación de su autorización como donataria, otorgándole la oportunidad de desvirtuar las observaciones y/o causales de dicha revocación.

1.5.5. Eliminación de certificación de donatarias

Se propone eliminar la opción para las donatarias de certificarse respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social.

1.6. Maquiladoras

Se propone precisar los requisitos de precios de transferencia que deben cumplir las maquiladoras, indicando eliminar el señalamiento de que las maquiladoras deban obtener y conservar la documentación comprobatoria de precios de transferencia, es decir, los estudios de precios de transferencia, ya que dicho requisito no corresponde a la regulación vigente y en la actualidad solo es necesario que el contribuyente cuente con una resolución particular o Acuerdo Anticipado de Precios de Transferencia.

  1. Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA)

2.1. Exención a los servicios profesionales de medicina

Toda vez que las instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas son creadas sin fines lucrativos, se propone incluir en la exención del impuesto por servicios profesionales de medicina a aquellos prestados por conducto de dichas instituciones, siempre que la prestación de servicios requiera título médico y sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles.

2.2 Servicios Digitales

2.2.1. Intermediación para la venta de bienes muebles usados

Se elimina la exención para los servicios digitales de intermediación que tienen por objeto la enajenación de bienes muebles usados.

2.2.2. Residentes en el extranjero que prestan servicios digitales a través de plataformas digitales de intermediación

Se propone establecer la obligación a las plataformas digitales de intermediación de realizar la retención del 100% del IVA cobrado, cuando presten sus servicios de intermediación a residentes en el extranjero sin establecimiento en México, ya sean personas físicas o personas morales, que presten servicios digitales a personas ubicadas en el país, a las que les procesen los pagos, ya que se ha observado que dichos residentes en el extranjero no cumplen con las obligaciones de Ley inscripción en el RFC, señalar un domicilio en el país y designar un representante legal, por su baja participación en el mercado mexicano.

Asimismo, se propone que los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país que presten sus servicios a receptores en México, a través de plataformas digitales de intermediación no estén obligados a cumplir con las obligaciones de inscribirse en el RFC, ofertar y cobrar el impuesto en el precio, proporcionar información a las autoridades fiscales, siempre que las plataformas de intermediación retengan y enteren el impuesto respectivo.

Asimismo, las plataformas digitales de intermediación que procesen los pagos que efectúen la retención del impuesto, no tendrán la obligación de proporcionar a las autoridades fiscales información de los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que presten servicios digitales, en cuyas operaciones hayan actuado como intermediarios; no obstante los intermediarios deberán emitir y enviar a los receptores de los servicios digitales en territorio nacional que lo soliciten, los comprobantes correspondientes a dichos servicios, con el impuesto trasladado en forma expresa y por separado, ya sea a nombre de la persona a quien le hagan la retención o a nombre propio.

También se propone que las plataformas digitales de intermediación, en lugar de señalar en forma expresa y por separado el impuesto correspondiente al precio en que se ofertan los bienes o servicios respectivos, puedan publicarlo sin hacerlo, siempre y cuando dichos precios incluyan el impuesto y los publiquen con la leyenda “IVA incluido”.

2.3. Incumplimiento de obligaciones

Dado a la falta de control jurisdiccional sobre los residentes en el extranjero que prestan servicios digitales y quienes para ello requieren utilizar una infraestructura de acceso a Internet que es proporcionada por los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en México a fin de permitir la conexión entre el emisor y el receptor del servicio digital, se propone establecer un mecanismo de control para que cuando los contribuyentes prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en México incurran en omisiones fiscales graves se pueda llevar a cabo el bloqueo temporal de acceso a Internet de sus servicios.

No obstante, se propone establecer un procedimiento que respete el derecho de audiencia previo a la emisión de la orden de bloqueo, mediante el cual la autoridad fiscal deberá dar a conocer al contribuyente la resolución en que determine el incumplimiento de las obligaciones de que se trate, a fin de que dicho contribuyente pueda desvirtuar o corregir las obligaciones incumplidas.

Asimismo, se propone que la autoridad fiscal deberá realizar la publicación oficial de los contribuyentes que resulten bloqueados.

  1. Código Fiscal de la Federación (CFF)

3.1. Regla general antiabuso

Se propone aclarar que la aplicación de la regla general antiabuso para determinar los efectos jurídicos que las autoridades fiscales otorguen a las operaciones de los contribuyentes que se consideren sin razón de negocios, se limitarán a la materia fiscal sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal corresponda, en relación con los delitos establecidos en el CFF.

3.2. Horario del buzón tributario

Para otorgar certeza jurídica sobre el horario del buzón tributario se propone precisar que el horario de la Zona Centro de México es el que rige la operación del buzón tributario.

3.3. Enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades

Se propone especificar que se también se considerarán enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades cuando se emita un comprobante fiscal simplificado e incluso, cuando dichas enajenaciones se efectúen con el público en general.

3.4. Escisión de sociedades

Se propone prever que la escisión de sociedades tendrá el carácter de enajenación, aun y cuando se cumplan los requisitos de no enajenación, cuando derivado de dicha escisión se generen conceptos o partidas que no existían antes de la misma, y los cuales si bien responden a la necesidad de equilibrar la ecuación contable, como una consecuencia que resulta de la forma en que las asambleas de accionistas de las sociedades escindente y escindida decidieron repartir los valores existentes en las cuentas de activo y pasivo, no se les pueden atribuir consecuencias fiscales de ingreso y realización de actos o actividades.

Al respecto, cabe agregar si en una escisión de sociedades se generan conceptos o partidas que no existían antes, en la sociedad escindente, escindida o escindidas, los accionistas de las sociedades escindidas serán responsables solidarios, sin limitación.

3.5. Actualización del marco normativo de mercados reconocidos

A fin de ser congruentes con la Ley de Mercado de Valores se propone ajustar reconocer dentro del mercado de bolsa de valores a cualquier sociedad anónima que obtenga el título de concesión que otorga la SHCP, y no solo a la Bolsa Mexicana de Valores.

3.6. Servicio de verificación de identidad

Los particulares que determinen el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales, podrán solicitar al SAT que preste el servicio de verificación y autenticación de los certificados de firmas electrónicas avanzadas, así como el de la verificación de identidad de los usuarios, lo anterior derivado de la información biométrica de la identidad de las personas o contribuyentes que recaba la autoridad fiscal con motivo del trámite de la firma electrónica; dicho servicio de verificación se hará sin exponer ningún dato personal proporcionado por el ciudadano.

3.7. Cancelación de certificados de sello digital

Se propone establecer que los certificados de sellos digitales queden cancelados y no solo sean restringidos, cuando los contribuyentes se encuentren listados de forma definitiva como contribuyentes que realizan operaciones inexistentes y/o transfieren pérdidas fiscales indebidamente.

Por otra parte, se propone que en el procedimiento para desvirtuar irregularidades relacionadas con los certificados de sellos digitales, el plazo con el que cuenta la autoridad para emitir una resolución se amplíe de 3 a 10 días.

No obstante, los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el SAT para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga y, en su caso, obtener un nuevo certificado.

Por otra parte, se propone que en el procedimiento para desvirtuar irregularidades en relacionadas con los certificados de sellos digitales, el plazo con el que cuenta la autoridad para emitir una resolución se amplíe de 3 a 10 días.

3.8. Restricción de certificados de sellos digitales

El proyecto de reforma propone establecer un límite temporal de 40 días hábiles para que aquellos contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de CFDI’s, puedan presentar solicitud de aclaración para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida; una vez presentada la solicitud de aclaración correspondiente por parte del contribuyente, al día siguiente de que ello suceda, las autoridades fiscales deben reestablecer el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, situación que se permitirá hasta en tanto se emita la resolución sobre dicho procedimiento.

La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de 10 días.

En caso de no presentarse la solicitud de aclaración y/o no desvirtuarse las irregularidades señaladas por la autoridad, se dejarán sin efectos los certificados de sellos digitales.

3.9. Mensajes de interés

Se propone establecer que la autoridad fiscal además de realizar la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido, la autoridad fiscal también podrá enviar mensajes de interés en los que se informe a los contribuyentes, a través del buzón tributario, de beneficios, facilidades, invitaciones a programas, aspectos relacionados con su situación fiscal e información útil para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Asimismo, se establece que las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario lo consulten dentro de los 3 días siguientes a que reciban un aviso de la autoridad fiscal, mediante cualquiera de los medios de contacto registrados por el contribuyente que pueden ser el correo electrónico y el número de teléfono celular.

3.10. Devolución de saldos a favor

El proyecto de reforma propone que, la falta de localización del contribuyente, o bien, del domicilio manifestado ante el RFC se considere como una causal para tener por no presentada una solicitud de devolución.

Al respecto, cabe señalar que dicha causal no implica una negativa para el contribuyente, puesto que únicamente deberá regularizar su situación ante el RFC, mediante la presentación del aviso correspondiente, a efecto de que la autoridad pueda verificar la veracidad de la información proporcionada ante dicho Registro y, en su caso, determinar la procedencia de la solicitud del saldo a favor.

Asimismo, la causal de no tener por no presentada una solicitud de devolución no se considerará como gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la obligación de devolver.

En el caso de varias solicitudes de devolución de un mismo contribuyente por un mismo tipo de contribución, se propone que la autoridad realice un solo ejercicio de facultades por el total de las solicitudes o un ejercicio de facultades por cada uno de ellos, emitiendo, no obstante, una sola resolución.

Asimismo, se propone establecer que una vez concluidas las facultades de comprobación de la autoridad en un procedimiento de devolución, la autoridad deberá emitir y notificar al contribuyente la resolución correspondiente en un plazo de 20 días y no de 10.

3.11. Responsabilidad solidaria

Se considerará responsable solidario al residente en México o al residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país que mantenga operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero cuando estos últimos constituyan un establecimiento permanente en México.

Igualmente se adiciona el supuesto de responsabilidad solidaria por escisión de sociedades comentado anteriormente.

3.12. Registro Federal de Contribuyentes

Se propone modificar la obligación de señalar una cuenta de correo y un número telefónico, para precisar que dichos datos además de estar registrados deben mantenerse actualizados.

Por otra parte, se propone precisar que la información que la autoridad requiere de los socios y accionistas de una persona moral es también la de las figuras afines como asociados, patronos, entre otros, es decir debe corresponder a aquella información relacionada con las personas integrantes de la persona moral que por su naturaleza funciones, obligaciones y derechos son similares a las de un socio o accionista, con independencia del nombre con el que se les designe o reconozca la legislación o estatutos bajo los cuales se constituyen.

Asimismo, el proyecto de reforma propone que el SAT por acto de autoridad podrá suspender o disminuir obligaciones que los contribuyentes tengan registradas ante el RFC cuando determine que éstos no han realizado ningún tipo de actividad en los últimos 3 ejercicios previos.

Se propone también que previo a la cancelación del RFC, y para prever la posibilidad de que el que el fisco obtenga pérdidas recaudatorias, los contribuyentes además de cumplir con las obligaciones y requisitos que se establezcan a través de reglas generales, deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para la procedencia de su cancelación, es decir, un contribuyente que tenga créditos fiscales, por ejemplo, no podrá cancelar su registro hasta en tanto cubra el adeudo correspondiente.

No obstante, en aquellos casos en que el contribuyente materialmente ya se encuentre liquidado, pero fiscalmente aún no se cancela su registro por el incumplimiento de alguna obligación, dicho contribuyente no tendrá que cumplir con obligaciones periódicas (formales), de tal forma que hasta en tanto no puedan cancelarse fiscalmente, no deban cumplir con la presentación de declaraciones u otra obligación formal.

3.13. Comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI)

Se propone precisar el concepto de operaciones con el público en general concepto de como aquellas en las que no se cuenta con el RFC del receptor del comprobante, y la posibilidad de otorgar facilidades a las mismas

Los datos sobre la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen los CFDI’s, se asentarán en los comprobantes fiscales digitales por internet usando los catálogos incluidos en las especificaciones tecnológicas aplicables para su expedición.

Por otra parte, respecto a los CFDI correspondientes a anticipos o por pagos parciales o diferidos, se propone aclarar y especificar en la norma que se deberá emitir un comprobante por cada pago, sin importar que este sea anterior (anticipo) o posterior al momento en el que se realice la operación, así como señalar que la forma de cubrir el pago de la operación es un pago diferido.

Asimismo, se establece que quienes efectúen pagos parciales o diferidos que liquiden saldos de CFDI’s, exporten mercancías que no sean objeto de venta o cuya venta sea a título gratuito, también deben solicitar el CFDI que corresponda.

3.14. Conservación de contabilidad y documentación comprobatoria

Se propone que la obligación de conservar la contabilidad y la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales no sea por 5 años sino indefinida, o bien, por todo el tiempo que dure la sociedad o contrato respectivo, cuando se trate de información y documentación necesaria para implementar los acuerdos alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte.

Lo mismo aplicará cuando se trate de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las personas morales al distribuir dividendos o utilidades.

Cabe mencionar que, el proyecto de reforma también propone especificar la documentación que debe conservarse en cada uno de los siguientes casos:

  • Aumentos de capital: estados de cuenta expedidos por las instituciones financieras, o bien, los avalúos correspondientes por aumento en especie, con lo que se podrá verificar la materialidad del aumento de capital.
  • Aumentos por capitalización de reservas o de dividendos: actas de asamblea en las que consten dichos actos, así como los registros contables correspondientes.
  • Aumentos por capitalización de pasivos: actas de asamblea en las que consten dichos actos, así como el documento en el que se certifique la existencia contable del pasivo y el valor correspondiente del mismo.
  • Actas de disminución de capital social mediante reembolso a los socios: Los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras en los que conste dicha situación.
  • Actas de disminución de capital social mediante liberación concedida a los socios: actas de suscripción, de liberación y de cancelación de las acciones, según corresponda.
  • Fusión o escisión de sociedades: estados de situación financiera, estados de variaciones en el capital contable y los papeles de trabajo de la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta y de la cuenta de aportación de capital, correspondientes al ejercicio inmediato anterior y posterior a aquél en que se haya realizado la fusión o la escisión.
  • Constancias emitidas o recibidas por distribución de dividendos o utilidades: estados de cuenta que expidan las instituciones financieras en los que conste dicha situación.

Por otra parte, se establece que en el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, se distribuyan o paguen dividendos o utilidades, se reduzca su capital o se reembolsen o envíen remesas de capital en términos de la LISR o se reciban cantidades por concepto de préstamo, otorgado o recibido, independientemente del tipo de contrato utilizado, los contribuyentes deberán proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal, la documentación comprobatoria del préstamo o la documentación e información que soporte el saldo origen y los movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital de aportación o de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada en los referidos actos, independientemente del ejercicio en el que se haya originado la pérdida, el préstamo, u originado los movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital de aportación o de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada.

Lo anterior aplicará también en el caso de contratación de deudas con acreedores, o bien para la recuperación de créditos de deudores.

Los contribuyentes no estarán obligados a proporcionar la documentación antes solicitada cuando con anterioridad al ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad fiscal haya ejercido dichas facultades en el ejercicio en el que se generaron las pérdidas fiscales de las que se solicita su comprobación, salvo que se trate de hechos no revisados.

3.15. Reportes de cuentas financieras- Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal (FATCA Y CRS)

Se propone modificar la fecha de presentación de la información de las cuentas de alto valor y cuentas nuevas que sean reportables, así como la información de las cuentas de bajo valor y cuentas preexistentes de entidades que sean cuentas reportables mediante declaración anual ante las autoridades fiscales a más tardar el 31 de agosto y, por primera ocasión, a más tardar el 30 de junio de 2017 (Anexos 25 y 25 Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal).

3.16. Asistencia al contribuyente

Se propone especificar que las autoridades fiscales puedan proporcionar asistencia no únicamente a aquellos contribuyentes respecto de determinadas obligaciones fiscales, sino a la ciudadanía en general, así como informar sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las disposiciones fiscales y especificar que en los casos en que la explicación verse sobre disposiciones fiscales de naturaleza compleja, las autoridades fiscales deberán proporcionar material impreso o digital de apoyo, en lugar de la elaboración y distribución de folletos.

Igualmente, se propone que las autoridades proporcionen en forma periódica y en general para los contribuyentes, de forma meramente orientativo y con el fin de medir riesgos impositivos, información sobre parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenecen.

El proyecto de reforma también propone promover a través de las invitaciones el cumplimiento voluntario en la presentación de las declaraciones y de que el contribuyente pueda corregir su situación fiscal, con el envío a las contribuyentes de  propuestas de pago a través de declaraciones prellenadas, así como comunicados para promover el cumplimiento voluntario e informar respecto a las inconsistencias detectadas por la autoridad, sin que con ello se considere que se inician facultades de comprobación.

3.17. Aseguramiento precautorio de bienes

Se propone incluir como sujetos de la medida de apremio de aseguramiento de bienes y/o negociaciones a los terceros y/o responsables solidarios relacionados con el contribuyente que sea sujeto directo.

Al respecto, se propone establecer que el monto del aseguramiento precautorio sea por la tercera parte del monto de las operaciones, actos o actividades que el tercero y realizó con el contribuyente o con el responsable solidario, o del monto que la autoridad fiscal pretenda comprobar con las solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos.

Igualmente se propone establecer el orden de prelación de los bienes a asegurar, señalando en primer lugar a los depósitos bancarios, seguidos del orden las cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, etcétera; dinero y metales preciosos; bienes inmuebles; bienes muebles; la negociación del contribuyente; así como los derechos de autor y obras artísticas, colecciones científicas y joyas, entre otros.

También se propone realizar el aseguramiento precautorio de los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas que no tengan adheridos marbetes o precintos, cuando éstos sean falsos o se encuentren alterados, así como de los marbetes o precintos que tenga en su poder el contribuyente respecto de los cuales no se acredite su legal posesión.

Asimismo, se propone se propone establecer que los bienes o la negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, queden asegurados desde el momento mismo en que se designen como tales en la diligencia por la que se practique el aseguramiento precautorio, incluso cuando posteriormente se ordenen, anoten o inscriban ante otras instituciones, organismos, registros o terceros, a fin de evitar acciones dolosas por parte de los contribuyentes para evitar el aseguramiento precautorio de sus bienes.

3.18. Facultades de comprobación

3.18.1. Visitas domiciliarias

El proyecto de reforma propone especificar que en los casos de visitas domiciliarias relacionadas con mercancías extranjeras, se aplicarán reglas y disposiciones de la Ley Aduanera.

3.18.2. Firma de actas de visita domiciliaria

Se propone que al igual a lo establecido en materia de visitas domiciliarias para verificación de expedición de comprobantes fiscales, se establezca que se afectará la validez y valor probatorio de las actas de visita domiciliaria cuando se nieguen a firmar el acta o a aceptar una copia de la misma quien atendió la diligencia o los testigos.

3.18.3. Uso de tecnología

Se propone incorporar el uso por parte de la autoridad fiscal, de herramientas como pueden ser cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros, que permitan recabar información que sirva de constancia de los hechos detectados por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus actuaciones, además de que el resultado del uso de estas herramientas estará amparado por el secreto fiscal.

3.18.4. Lugares de visita domiciliaria

Se establece que el acto de fiscalización puede realizarse abarcando aquellos lugares donde el contribuyente realice parte de sus actividades, es decir, además del domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes o asesores fiscales, siempre que se encuentren abiertos al público en general.

3.18.5. Dictamen fiscal

Se propone precisar que en la revisión del dictamen se puede requerir al contador público no solo para la exhibición de los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría sino también para que comparezca ante la autoridad fiscal a fin de llevar a cabo el desahogo de cuestionamientos en relación con los citados papeles de trabajo.

Se establece que la revisión del dictamen se llevará a cabo exclusivamente con el contador público que lo haya formulado, sin que sea procedente la representación legal.

Asimismo, se propone no limitar la actuación de la autoridad a la revisión del dictamen y, por lo tanto, que no proceda la revisión secuencial del dictamen cuando se trate de la revisión de aprovechamientos derivados de la autorización o concesión que se otorga a los particulares para el manejo, almacenaje y custodia de mercancías, es decir, cuando se revisen recintos fiscales o fiscalizados, o cuando se trate únicamente de multas en materia de comercio exterior.

3.18.6. Plazo para presentar informes o documentos

El plazo para para contestar el primer requerimiento de información que emita la autoridad se amplía de 6 a 10 días.

3.18.7. Revisiones electrónicas en materia de comercio exterior

Se propone precisar que el plazo para concluir la fiscalización electrónica será de 6 meses, con independencia de la materia y únicamente será de 2 años cuando dentro del procedimiento se realice una compulsa internacional.

3.18.8. Secreto fiscal

Derivado de la inclusión del uso de herramientas tecnológicas en el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, se propone establecer dentro de la obligación de guardar absoluta reserva, a las imágenes y cualquier material recabado por la autoridad fiscal a través del uso de las citadas herramientas tecnológicas.

Igualmente, se propone incorporar como una excepción a la reserva o secreto fiscal a la obligación prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales relativa a la obligación de proporcionar la información que requieran el Ministerio Público y la Policía respecto de las investigaciones de hechos delictivos concretos, ya que ello contribuye al esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño.

3.18.9. Procedencia de nuevas revisiones.

En el caso de que ya exista una resolución firme de la autoridad fiscal que hubiera determinado la situación fiscal del contribuyente con respecto a rubros o conceptos específicos correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos de un determinado periodo, dichos rubros o conceptos se podrán volver a revisar solamente cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados y no hayan caducado las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pudiendo, en su caso, determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos que deriven de dichos nuevos hechos.

3.19. Presunción de transmisión indebida del derecho a la disminución de pérdidas fiscales

Entre otros supuestos, la presunción por la indebida disminución de pérdidas fiscales aplicará cuando el contribuyente obtenga pérdidas fiscales y se adviertan deducciones cuya contraprestación esté amparada con la suscripción de títulos de crédito o cualquier otra figura jurídica, y la obligación adquirida se extinga mediante una forma de pago distinta a las previstas para efectos de las deducciones en la LISR; es decir, la reforma consiste no limitar la forma de pago a los títulos de crédito.

Por otra parte, se propone establecer que la autoridad fiscal podrá considerar en el ejercicio de sus facultades a la transmisión indebida de pérdidas fiscales como un acto simulado y en consecuencia fincar una responsabilidad penal o delictiva.

Actualmente, la norma aplicable establece que los contribuyentes pueden desvirtuar la presunción en comento, en un plazo de 20 días, posteriores a que le es notificada dicha presunción, por lo que el proyecto de reforma establece que los contribuyentes podrán solicitar a través de buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de 10 días al plazo inicial para aportar la información y documentación que a su derecho convenga.

Asimismo, se propone señalar que cuando el contribuyente realice las manifestaciones para desvirtuar la presunción en comento, deberá señalar la finalidad que tuvieron los actos jurídicos que dieron origen a la transmisión del derecho a la disminución de las pérdidas fiscales; a efecto de que la autoridad se encuentre en posibilidad de determinar que esa transmisión tuvo como objeto preponderante el desarrollo de su actividad empresarial y no la de obtener un beneficio fiscal.

3.20. Acuerdos conclusivos

El Ejecutivo propone en su proyecto de reforma fiscal un ajuste al procedimiento relativo a la adopción de los acuerdos conclusivos limitando plazos e incluyendo los supuestos en los que sería improcedente la solicitud del acuerdo.

Al respecto, se propone que aun cuando la adopción del acuerdo conclusivo se podrá solicitar en cualquier momento, se indique que el límite temporal para hacerlo será de 15 días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final o se haya notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso.

Asimismo, se propone que los acuerdos que correspondan al ejercicio de facultades de comprobación en materia de devoluciones de saldos a favor o de pago de lo indebido sean improcedentes, puesto que no hay determinación de contribuciones omitidas, o prácticas que se reconocen como evasoras.

Igualmente, se propone que sean improcedentes los acuerdos cuando ya se encuentra en vías de notificación la resolución determinante del crédito fiscal, cuando se trate de compulsas a terceros, de la ejecución de sentencias o resoluciones, cuando los solicitantes de la adopción de un acuerdo conclusivo sean empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) presuntos o definitivos y se inicien facultades de comprobación en materia de emisión de comprobantes fiscales o cuando exista la presunción de la comisión de delitos fiscales.

Finalmente, se propone que no procederá ningún procedimiento de resolución de controversias previsto en algún tratado internacional para evitar la doble tributación firmado por México, contra del acuerdo conclusivo alcanzado entre particulares y autoridades

3.21. Multas relacionadas con precios de transferencia y ajuste

En relación con la imposición de multas, se propone considerar como agravante el no cumplimiento de obligaciones en materia de precios de transferencia, como omitir el obtener la documentación comprobatoria de haber pactado precios de mercado con partes relacionadas residentes en el extranjero, así como por no presentar las declaraciones informativas maestra, local y de país por país, entre otras.

3.22. Infracción para concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones

En congruencia con las sanciones establecidas por el incumplimiento de algunas de las obligaciones a cargo de los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que presten servicios digitales en el país, se propone establecer una sanción a los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México que no cumplan, en un plazo máximo de 5 días, con la orden de bloquear el acceso al servicio digital del proveedor de dichos servicios. Así mismo, se aplicará una sanción igual cuando los concesionarios mencionados no lleven a cabo el desbloqueo en el plazo correspondiente.

3.23. Presunción de contrabando

Se propone que la práctica de los importadores de no retornar al extranjero, transferir o cambiar de régimen las mercancías importadas temporalmente se considere como contrabando.

3.24. Recursos de revocación

Se propone especificar que al tramitar los recursos de revocación los contribuyentes que presenten cualquier tipo de información y documentación en idioma distinto al español ante la autoridad fiscal deberán adjuntar la debida traducción.

Asimismo, se establece que el plazo para cumplir con lo resuelto en una resolución a un recurso de revocación será de 30 días y no de 15, salvo que el contribuyente impugne dicha resolución.

3.25. Garantía del interés fiscal

Se propone establecer que el embargo en la vía administrativa, para garantizar el interés fiscal, no podrá ejecutarse sobre bienes intangibles, como las marcas, toda vez que no representan un medio idóneo para recuperar créditos fiscales. También se excluyen los predios rústicos, ya que sus características son generalmente irregulares y son de difícil enajenación para la recuperación de un adeudo fiscal.

3.26. Embargo de cartera créditos

El embargo de créditos será notificado directamente por la autoridad fiscal a los deudores del contribuyente embargado, y se les requerirá con el objeto de que informen las  características de la relación contractual con el contribuyente, apercibidos que de no comparecer en el término de 3 días, se les impondrá una multa; asimismo, se les requerirá para que no efectúen el pago de las cantidades respectivas al contribuyente (acreedor/embargado) sino a la autoridad fiscal, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia.

3.27. Publicación de la convocatoria de remate

Se propone realizar precisiones relacionadas con la publicación de la convocatoria del procedimiento de remate en la página electrónica de las autoridades fiscales, ya que la norma actual establece que las subastas públicas se llevarán a cabo a través de medios electrónicos.

3.28. Remate de bienes

Se propone precisar que se considerará fincado el remate hasta que el postor ganador efectúe el pago total de la postura ofrecida, así como para incorporar el pago del saldo de la cantidad ofrecida mediante depósito bancario, para facilitar el pago al postor.

  1. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (LIEPS)

4.1. Esquema de cuotas complementarias aplicables a las previstas para los combustibles automotrices

El proyecto de reforma del Ejecutivo propone establecer instrumentos contra-cíclicos para fortalecer las finanzas públicas, mediante el ajuste a las cuotas de IEPS de acuerdo con las variables económicas que se han definido y con la aplicación de cuotas complementarias, las cuales representan la diferencia entre los precios base actualizados por la inflación de la gasolina y diésel y los precios referentes de dichos combustibles.

Al respecto, se propone que la SHCP publique cada semana las cuotas complementarias del IEPS aplicables en la venta de gasolina, diésel y combustibles no fósiles.

  1. Otras Consideraciones

5.1. Esquemas reportables (RECORDATORIO)

Es importante hacer notar que los plazos para cumplir con las obligaciones de esquemas reportables comenzarán a computarse a partir del 1 de enero de 2021.

Al respecto, se tiene que a partir del ejercicio de 2020 se encuentra vigente la obligación de proporcionar información sobre temas que las autoridades fiscales han identificado como áreas de riesgo durante el ejercicio de sus facultades, estableciendo la revelación de esquemas reportables en México.

La obligación de revelar esquemas reportables será aplicable a aquellos esquemas que surjan a partir de 2020, o con anterioridad, cuando sus efectos fiscales se reflejen a partir de dicho año. En estos últimos casos, lo que deberá revelarse será únicamente la parte del esquema reportable cuyos efectos fiscales se reflejen a partir de 2020, y la obligación estará a cargo únicamente del contribuyente.

Ahora bien, en términos generales los esquemas reportables son los que puedan generar (directa o indirectamente), la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las características identificadas por las autoridades como áreas de riesgo.

Dentro de los temas de riesgo sujetos a reporte, se encuentran:

  • los relacionados con REFIPRES,
  • transmisión de pérdidas fiscales,
  • generación de EP,
  • uso de mecanismos híbridos,
  • subcontratación laboral, entre otros.

Se establece que los obligados principales serán los asesores fiscales quienes deberán presentar una declaración informativa, en la que revelarán los datos generales del asesor fiscal, el beneficiario del esquema, descripción detallada del esquema, mención de los beneficios fiscales e información financiera.

La SHCP deberá emitir un acuerdo secretarial a través del cual se determinen los parámetros sobre montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará las normas de divulgación obligatorias.

Por otra parte, se establece que la sola falta de presentación de un esquema reportable interrumpiría los plazos de caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para revisar las obligaciones de los contribuyentes, o bien, determinar contribuciones a su cargo.

Igualmente, debe tenerse presente que por asesor fiscal se entenderá cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su actividad, sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable.

Si varios asesores fiscales se encuentran obligados a revelar un mismo esquema reportable, se considerará que los mismos han cumplido con la obligación, si uno de ellos revela dicho esquema a nombre y por cuenta de todos ellos. Cuando un asesor fiscal, que sea una persona física, preste servicios de asesoría fiscal a través de una persona moral, no estará obligado la revelación de esquemas, siempre que dicha persona moral revele el esquema reportable por ser considerada un asesor fiscal.

En caso que un esquema genere beneficios fiscales en México pero no sea reportable o exista un impedimento legal para su revelación por parte del asesor fiscal, éste deberá expedir una constancia, al contribuyente en la que justifique y motive las razones por las cuales lo considere no reportable o exista un impedimento para revelar, misma que se deberá entregar dentro de los 5 días siguientes al día en que se ponga a disposición del contribuyente el esquema reportable o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero.

También, es importante mencionar que los contribuyentes se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identificación del esquema reportable; cuando el esquema reportable haya sido diseñado, organizado, implementado y administrado por el contribuyente; cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de un esquema reportable que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o administrado por una persona que no se considera asesor fiscal; cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, así como cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal revele el esquema reportable y cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente para que sea este último el obligado a revelar el esquema reportable.

El SAT llevará un registro de asesores fiscales, clasificando los tipos de esquemas fiscales generalizados y personalizados, e identificará los mismos con un número para que sea incluido en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes.

Asimismo, se tiene que las autoridades fiscales podrán practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de verificar que hayan cumplido con sus obligaciones en materia de esquemas reportables.

Ahora bien, a la fecha, se encuentra pendiente que la autoridad tributaria dicte las disposiciones o normas administrativas relacionadas con los requisitos específicos o exactos que deben cumplirse para radicar la información y declaración informativa correspondiente, o la forma en que se debe realizar; sin embargo, se debe considerar que los contribuyentes deben cumplir con lo siguiente:

  • Informar los datos generales del contribuyente, su asesor fiscal y las partes involucradas, indicando cuáles de ellos han sido creados o incorporados en los dos últimos años naturales, o cuyas acciones o participaciones han sido adquiridas o enajenadas en el mismo período.
  • Descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones legales nacionales o extranjeras aplicables, incluyendo cada una de las etapas que conforman el plan o proyecto.
  • Informar una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado
  • Los años fiscales en los que se espera implementar o se ha implementado el esquema
  • Proporcione la información adicional que requiera la autoridad.

Adicionalmente, se debe informar cuando se considere que no aplica la obligación de reportar, explicando las razones por las cuales la operación no es reportable.

La divulgación de un esquema reportable no implica la aceptación o rechazo de sus efectos tributarios por parte de las autoridades tributarias. La información presentada y que es estrictamente indispensable para el funcionamiento del esquema, en ningún caso podrá ser utilizada como antecedente de la investigación para la posible comisión de los delitos fiscales, salvo en el caso de delitos de contrabando y delitos relacionados con la expedición, enajenación, compra o adquisición de facturas tributarias que cubran operaciones inexistentes o simuladas, así como enriquecimiento ilícito.

En el caso de los asesores fiscales, el incumplimiento a sus obligaciones en materia de esquemas reportables puede alcanzar hasta los $20 millones de pesos.

Por otro lado, las siguientes conductas son infracciones cometidas por contribuyentes relacionadas con la divulgación de esquemas reportables; sin embargo, cualquier multa impuesta es susceptible de ser combatida por medio de defensa o juicio fiscal.

Las infracciones y multas son las siguientes:

  • No revelar un esquema denunciable, revelarlo de forma incompleta o con errores. Se considera que la información se presenta incompleta o con errores, cuando la falta de esa información o los datos incorrectos afectan sustancialmente el análisis del esquema reportable. El incumplimiento de lo anterior implica una sanción consistente en no aplicar el beneficio tributario previsto en el esquema reportable y una sanción económica equivalente a un monto entre el 50% y el 75% del monto del beneficio tributario del esquema reportable que se obtuvo o se aplicaría o esperaría obtener en todos los ejercicios fiscales que implicaría la aplicación del esquema.
  • No incluir el número de identificación del esquema declarable obtenido directamente de la autoridad fiscal o a través de un asesor fiscal en la declaración de impuestos del contribuyente. El incumplimiento de lo anterior implica una multa de $50 mil pesos a $100 mil pesos.
  • No atender la solicitud de información adicional realizada por la autoridad tributaria o declarar falsamente que no cuenta con la información requerida sobre el esquema reportable. El incumplimiento de lo anterior implica multa de $100 mil pesos a $350 mil pesos.
  • No informar cualquier cambio que ocurra después de la divulgación del esquema reportable o informar tal cambio extemporáneamente. El incumplimiento de lo anterior implica una multa de $200 mil pesos a $2 millones de pesos.

2021 Economic Package: Proposal

Foto por Ricardo Ortiz desde www.pexels.com

For the Tax Reform of the 2021 tax year, the Executive power presented on September 8, 2020, to the Congress of the Union the respective Economic Package, which includes, among others, proposals for the Fiscal Miscellaneous, regarding Income Tax Law (LISR), Value Added Tax Law (LIVA), Special Tax on Production and Services Law (IEPS) and the Federal Tax Code (CFF).

The Economic Package proposal does not include new taxes, but it does include adjustments in the applicable regulations related to compliance with obligations and requirements, increasing control, based on premises on administrative simplification, legal security, modernization, tax management, collection efficiency, combat against corruption and impunity and tax evasion and avoidance.

Once the project is analyzed by the Chambers of Congress, it must be approved no later than October 31, 2020, to begin its validity in 2021.

Although the final approval of the project is pending, below, we mention the most relevant aspects that are included to reform the LISR, LIVA, LIEPS and CFF:

1. Income Tax Law (LISR)

1.1. Elimination of the School Company Programs as authorized donees.

Since there are no requests from “Programas Escuela Empresa” to receive ISR deductible donations, it is proposed to eliminate said programs as authorized donees.

1.2. Non-profit legal entities that must be authorized as donees to not pay ISR.

On the other hand, the associations or societies that grant scholarships, those dedicated to scientific or technological research, those dedicated to the research or preservation of wild, terrestrial or aquatic flora or fauna and environmental protection activities and entities dedicated to reproduction of species in protection and danger of extinction and the conservation of their habitat, they will be able to pay taxes as legal entities for non-profit purposes, as long as they obtain authorization to receive deductible donations, otherwise, they will have to pay the ISR that corresponds to them for their activities.

1.3. Expenses that are considered distributable remnant of non-profit legal entities.

It is proposed that non-profit legal entities, in addition to being authorized as donees, support their acts and activities with tax receipts and with the corresponding additional documentation, otherwise any unsupported expense will be considered as distributable remnant.

1.4. Cooperative integration and representation organizations referred to in the General Law of Cooperative Societies.

It is proposed to add non-profit legal entities for ISR purposes as cooperative bodies for the integration and representation of cooperative societies.

1.5. Special requirements for authorized donees.

1.5.1. Income not related to the authorized activity.

It is proposed to revoke the authorization of authorized donees to those who obtain more than 50% of their income from / from activities not related to their activity, to prevent them from engaging in lucrative activities. In case of not obtaining their authorization again within the 12 months following the loss of the first authorization, they must allocate all their assets to another donee authorized to receive deductible donations from income tax.

1.5.2. Simulation.

Authorized donees who have obtained tax receipts issued by taxpayers with non-existent and / or simulated operations, and who are listed as such by the tax authorities, must consider as income the amount covered by the aforementioned tax receipts, having to pay the tax if in a period of 30 days does not prove that they actually acquired the goods or received the respective services.

1.5.3. Donees patrimony.

The donees may only allocate their assets to other authorized donees when their authorization is revoked and / or their authorization is rendered invalid. The beneficiary donees must issue the corresponding tax receipt for donation, which will not be deductible for ISR purposes. The foregoing shall also apply in the event that an authorized donee is approved ofits request to cancel her authorization.

1.5.4. Revocation of donees authorization.

In scope and consistency with the foregoing, the project additionally proposes to revoke the authorization of the donees when they do not allocate their assets to the exclusive purposes of the corporate purpose for which they obtained their authorization, do not issue tax receipts or issue them as donations when they correspond to a different operation and that is not a donation, as well as when they are within the definitive list of taxpayers who carry out non-existent and / or simulated operations.

Likewise, the authorization will be revoked if the legal representative (s), partners or associates or any member of the Board of Directors or Administration of a civil organization or trust whose authorization has been revoked within the last 5 years, are part of civil organizations. and trusts authorized to receive deductible donations during the term of the same.

Civil organizations and trusts whose authorization to receive deductible donations has been revoked due to the previous assumptions will not be able to obtain authorization again to receive deductible donations, until they correct the reason for which they were revoked or, where appropriate, pay the corresponding ISR.

On the other hand, in the event that the authorization is revoked due to obtaining income not related to the purpose of the donee, the authorization may not be obtained again and all its assets must be allocated to another authorized donee.

The SHCP must notify the taxpayer of the cause of revocation of their authorization as donee, granting them the opportunity to distort the observations and / or causes of said revocation.

1.5.5. Elimination of donee certification.

It is proposed to eliminate the option for grantees to be certified regarding compliance with fiscal, transparency and social impact assessment obligations.

1.6. Maquiladoras.

It is proposed to specify the transfer pricing requirements that the maquiladoras must comply with, indicating the elimination of the indication that the maquiladoras must obtain and keep the supporting documentation of transfer prices, that is, transfer pricing studies, since said requirement does not It corresponds to the current regulation and currently it is only necessary for the taxpayer to have a particular resolution or Advance Transfer Pricing Agreement.

  1. Law of Value Added Tax (LIVA)

2.1. Exemption to professional medical services.

Since authorized assistance or charitable institutions are created non-profit, it is proposed to include in the tax exemption for professional medical services those provided through said institutions, provided that the provision of services requires a medical degree and they are provided by natural persons, either individually or through civil companies.

2.2 Digital Services.

2.2.1. Intermediation for the sale of used real estate.

The exemption for digital intermediation services aimed at the sale of used movable property is eliminated.

2.2.2. Residents abroad who provide digital services through digital intermediation platforms.

It is proposed to establish the obligation to digital intermediation platforms to withhold 100% of the VAT charged, when they provide their intermediation services to residents abroad without an establishment in Mexico, whether they are individuals or legal entities, who provide digital services to people located in the country, to whom payments are processed, since it has been observed that said residents abroad do not comply with the obligations of the Law registration in the RFC, indicate an address in the country and designate a legal representative, due to its low participation in the Mexican market.

Likewise, it is proposed that residents abroad without permanent establishment in the country who provide their services to recipients in Mexico, through digital mediation platforms, are not obliged to comply with the obligations of registering in the RFC, offering and collecting the Tax on the price, provide information to the tax authorities, provided that the intermediation platforms retain and pay the respective tax.

Similarly, the digital intermediation platforms that process the payments that carry out the withholding of the tax, will not have the obligation to provide the tax authorities with information on residents abroad without an establishment in Mexico that provide digital services, in whose operations they have acted as intermediaries; however, intermediaries must issue and send to the recipients of digital services in national territory that request it, the receipts corresponding to said services, with the tax transferred expressly and separately, either in the name of the person to whom it is requested make the withholding or in their own name.

It is also proposed that digital mediation platforms, instead of expressly and separately stating the tax corresponding to the price at which the respective goods or services are offered, may publish it without doing so, as long as said prices include the tax and the publish with the legend “VAT included”.

2.3. Breach of obligations.

Given the lack of jurisdictional control over residents abroad who provide digital services and who for this require the use of an Internet access infrastructure that is provided by concessionaires of public telecommunications networks in Mexico in order to allow the connection between the issuer and receiver of the digital service, it is proposed to establish a control mechanism so that when taxpayers providing digital services residing abroad without an establishment in Mexico incur serious tax omissions, the temporary blocking of Internet access can be carried out  its services.

However, it is proposed to establish a procedure that respects the right to a hearing prior to the issuance of the blocking order, through which the tax authority must inform the taxpayer of the resolution in which it determines the breach of the obligations in question, so that said taxpayer can distort or correct the unfulfilled obligations.

Likewise, it is proposed that the tax authority should make the official publication of the taxpayers that are blocked.

  1. Federal Fiscal Code (CFF)

3.1. General anti-abuse rule.

It is proposed to clarify that the application of the general anti-abuse rule to determine the legal effects that the tax authorities grant to taxpayer operations that are considered without business reason, will be limited to tax matters without prejudice to investigations and criminal liability corresponding, in relation to the crimes established in the CFF.

3.2. Hours of the Tax Mailbox.

In order to grant legal certainty about the hours of the tax mailbox, it is proposed to specify that the hours of the Central Zone of Mexico are the one that governs the operation of the tax mailbox.

3.3. Term disposals with deferred payment or in installments.

It is proposed to specify that installments with deferred payment or in installments will also be considered when a simplified tax receipt is issued and even when said transfers are made with the general public.

3.4. Company spin-offs.

It is proposed to foresee that the division of companies or spin- offs will have the character of alienation, even when the non-alienation requirements are met, when derived from said spin-off generate concepts or items that did not exist before it, and which, although they respond to the need to balance the accounting equation, as a consequence that results from the way in which the shareholders’ meetings of the splinter and spun-off companies decided to distribute the existing values in the assets and liabilities accounts, they cannot be attributed income tax consequences and carrying out acts or activities.

In this regard, it should be added if in a division of companies concepts or items that did not exist before are generated, in the dividing, spun-off or spun-off company, the shareholders of the spun-off companies will be jointly and severally liable, without limitation.

3.5. Updating of the regulatory framework for recognized markets.

In order to be consistent with the Securities Market Law, it is proposed to adjust the recognition within the stock market of any corporation that obtains the concession title granted by the SHCP, and not only the Mexican Stock Exchange.

3.6. Identity verification service.

Individuals who determine the use of advanced electronic signature as a means of authentication or signing of digital documents, may request the SAT to provide the verification and authentication service of advanced electronic signature certificates, as well as that of identity verification of the users, the above derived from the biometric information of the identity of the people or taxpayers that the tax authority collects on the occasion of the electronic signature process; this verification service will be done without exposing any personal data provided by the citizen.

3.7. Cancellation of digital seal certificates.

It is proposed to establish that digital stamp certificates are canceled and not only restricted, when taxpayers are definitively listed as taxpayers who carry out non-existent operations and / or transfer tax losses improperly.

On the other hand, it is proposed that in the procedure to disprove irregularities related to digital stamp certificates, the term that the authority has to issue a resolution be extended from 3 to 10 days.

However, taxpayers whose digital seal certificate has been rendered ineffective may carry out the procedure that, through general rules, the SAT determines to correct the irregularities detected, in which they may provide the evidence they your right is convenient and, where appropriate, obtain a new certificate.

On the other hand, it is proposed that in the procedure to disprove irregularities in relation to digital seal certificates, the term that the authority has to issue a resolution be extended from 3 to 10 days.

3.8. Restriction of digital stamp certificates.

The reform project proposes to establish a temporary limit of 40 business days so that those taxpayers who have been temporarily restricted from the use of the digital seal certificate for the issuance of CFDI’s, can submit a request for clarification to correct the irregularities detected, or  to distort the causes that motivated the application of such measure; once the corresponding request for clarification has been submitted by the taxpayer, the day after this happens, the tax authorities must re-establish the use of the digital seal certificate for the issuance of digital tax receipts over the Internet, a situation that will be allowed until as long as the resolution on said procedure is issued.

The tax authority must issue the resolution on said procedure within a maximum period of 10 days.

If the request for clarification is not submitted and / or the irregularities indicated by the authority are not disproved, the digital seal certificates will be rendered ineffective.

3.9. Messages of interest.

It is proposed to establish that the tax authority, in addition to notifying any administrative act or resolution that it issues, in digital documents, including any that may be appealed, the tax authority may also send messages of interest informing taxpayers, through the tax mailbox, benefits, facilities, invitations to programs, aspects related to your tax situation and useful information for the fulfillment of your tax obligations. Likewise, it is established that individuals  and legal entities who have a tax mailbox assigned to consult it within 3 days after receiving a notice from the tax authority, through any of the means of contact registered by the taxpayer, which may be the email and cell phone number.

3.10. Refund of balances in favor.

The reform project proposes that the lack of location of the taxpayer, or of the domicile stated before the RFC, is considered as a cause for having a refund request not submitted.

In this regard, it should be noted that said cause does not imply a requested refund refusal for the taxpayers, since they will only have to regularize their fiscal situation before the RFC, by submitting the corresponding notice, so that the authority can verify the veracity of the information provided to said Registration and, where appropriate, determine the origin of the requested refund for the balance in favor.

Likewise, the reason for not having a request for refund turn as not submitted will not be considered as a collection management that interrupts the prescription of the obligation to refund.

In the case of several requests for the refund of the same taxpayer for the same type of contribution, it is proposed that the authority carry out a single exercise of powers for the total number of requests or an exercise of powers for each of them, issuing only one resolution.

Likewise, it is proposed to establish that once the authority’s powers of verification in a refund procedure have been concluded, the authority must issue and notify the taxpayer of the corresponding resolution within a period of 20 days and not 10.

3.11. Joint responsibility.

The resident in Mexico or the resident abroad with a permanent establishment in the country who maintains operations with related parties residing abroad will be considered jointly and severally liable when the latter constitute a permanent establishment in Mexico.

Likewise, the assumption of joint and several liability due to division of companies/spin-offs  mentioned above is also added.

3.12. Federal Tax Registry (RFC).

It is proposed to modify the obligation to indicate an email account and a telephone number, to specify that said data, in addition to being registered, must be kept updated.

On the other hand, it is proposed to specify that the information that the authority requires from the partners and shareholders of a legal entity is also that of related figures such as associates, employers, among others, that is, it must correspond to that information related to the members. of the legal person whose functions, obligations and rights are similar to those of a partner or shareholder, regardless of the name with which they are designated or recognized by the legislation or statutes under which they are constituted.

Likewise, the reform project proposes that the SAT by act of authority may suspend or reduce obligations that taxpayers have registered with the RFC when it determines that they have not carried out any type of activity in the last 3 previous years.

It is also proposed that prior to the cancellation of the RFC, and to foresee the possibility that the treasury obtains collection losses, taxpayers, in addition to complying with the obligations and requirements established through general rules, must be up to date in the fulfillment of its obligations for the origin of its cancellation, that is, a taxpayer who has tax deficiency assessment in charge, for example, will not be able to cancel his registration until he covers the corresponding debt.

However, in those cases in which the taxpayer is already liquidated, but his registration has not yet been canceled due to non-compliance with an obligation, said taxpayer will not have to comply with periodic (formal) obligations, so that even in therefore, they cannot be fiscally canceled, they must not comply with the filing of returns or other formal obligation.

3.13. Online Digital Tax Receipt (CFDI).

It is proposed to specify the concept of operations with the public, such as those in which there is no RFC of the recipient of the voucher, and the possibility of granting facilities to them

The data on the quantity, unit of measure and class of the goods or merchandise or description of the service or of the use or enjoyment covered by the CFDI’s, will be established in the digital tax receipts online using the catalogs included in the applicable technological specifications for their expedition.

On the other hand, with respect to CFDI corresponding to advances or partial or deferred payments, it is proposed to clarify and specify in the standard that a receipt must be issued for each payment, regardless of whether it is prior (advance) or later than the moment in the operation is carried out, as well as indicating that the way to cover the payment of the operation is a deferred payment.

Likewise, it is established that those who make partial or deferred payments that settle CFDI balances, export merchandise that are not sold or whose sale is free, must also request the corresponding CFDI.

3.14. Conservation of accounting and supporting documentation.

It is proposed that the obligation to keep the accounting and documentation related to compliance with tax provisions is not for 5 years but indefinite, or for the entire duration of the company or respective contract, when it comes to information and documentation necessary to implement the agreements reached as a result of the dispute resolution procedures established in the treaties to avoid double taxation to which Mexico is a party.

The same shall apply in the case of the articles of incorporation of the legal entities, of the joint venture contracts, of the minutes in which the increase or decrease of the share capital, the merger or companies spin-offs, of the certificates issued or received by legal entities when distributing dividends or profits.

It is worth mentioning that the reform project also proposes to specify the documentation that must be kept in each of the following cases:

  • Capital increases: account statements issued by financial institutions, or the corresponding appraisals for an increase in kind, with which the materiality of the capital increase can be verified.
  • Increases due to capitalization of reserves or dividends: meeting minutes in which said acts are recorded, as well as the corresponding accounting records.
  • Increases due to capitalization of liabilities: meeting minutes stating said acts, as well as the document certifying the accounting existence of the liability and its corresponding value.
  • Minutes of reduction of capital stock through reimbursement to partners: The account statements issued by financial institutions stating said situation.
  • Minutes of decrease of share capital by means of release granted to the partners: subscription, release, and cancellation of the shares, as appropriate.
  • Merger or division of companies: statements of financial position, statements of changes in stockholders’ equity and working papers for the determination of the net tax profit account and the capital contribution account, corresponding to the immediately preceding and subsequent fiscal year to the one in which the merger or split was carried out.
  • Certificates issued or received for distribution of dividends or profits: account statements issued by financial institutions stating said situation.

On the other hand, it is established that in the event that the tax authority is exercising verification powers regarding fiscal years in which tax losses from previous years are reduced, dividends or profits are distributed or paid, its capital is reduced or reimbursed or send capital remittances in terms of the LISR or amounts are received for loans, granted or received, regardless of the type of contract used, taxpayers must provide the documentation that proves the origin and origin of the tax loss, the supporting documentation of the loan or the documentation and information that supports the original balance and the movements of the net tax profit account, the contribution capital account or any other tax or accounting account involved in the aforementioned acts, regardless of the year in which the loss, the loan, or originated the movements of the account of Net tax profit, from the contribution capital account or from any other tax or accounting account involved.

The foregoing will also apply in the case of contracting debts with creditors, or for the recovery of credits from debtors.

Taxpayers will not be obliged to provide the previously requested documentation when, prior to the exercise of the powers of verification, the tax authority has exercised said powers in the year in which the tax losses for which verification is requested were generated, unless they are unreviewed facts.

3.15. Financial account reports – Standard for the Automatic Exchange of Information on Financial Accounts in Tax Matters (FATCA and CRS).

It is proposed to modify the date of presentation of the information of the high value accounts and new accounts that are reportable, as well as the information of the low value accounts and pre-existing accounts of entities that are reportable accounts through an annual declaration before the tax authorities to no later than August 31 and, for the first time, no later than June 30, 2017 (Annexes 25 and 25 Bis of the Miscellaneous Tax Resolution).

3.16. Assistance for Taxpayers.

It is proposed to specify that the tax authorities can provide assistance not only to those taxpayers with respect to certain tax obligations, but to the public in general, as well as to inform about the possible consequences in case of not complying with the tax provisions and specify that in the cases In which the explanation is on tax provisions of a complex nature, the tax authorities should provide printed or digital support material, instead of the preparation and distribution of brochures.

Likewise, it is proposed that the authorities provide periodically and in general to taxpayers, merely for guidance and in order to measure tax risks, information on benchmarks with respect to profit, deductible concepts or effective tax rates that They present other entities or legal figures that obtain income, consideration or profit margins for the performance of their activities based on the economic sector or industry to which they belong.

The reform project also proposes to promote through invitations voluntary compliance in the filing of returns and that the taxpayer can correct their tax situation, with the sending of payment proposals to taxpayers through pre-filled returns, as well as communicated to promote voluntary compliance and report on inconsistencies detected by the authority, without this being considered to initiate verification powers.

3.17. Precautionary insurance of Assets.

It is proposed to include third parties and / or joint and several liable persons related to the taxpayer who is a direct subject as subjects of the constraint measure for the insurance of assets and / or negotiations.

In this regard, it is proposed to establish that the amount of the precautionary insurance is for one third of the amount of the operations, acts or activities that the third party and carried out with the taxpayer or jointly responsible, or the amount that the tax authority intends to verify with requests for information or documentation requirements addressed to them.

Likewise, it is proposed to establish the order of priority of the assets to be insured, pointing first to bank deposits, followed by accounts receivable, shares, bonds, expired coupons, etc. in order; money and precious metals; property; movable property; negotiation of the taxpayer; as well as copyright and artistic works, scientific collections and jewelry, among others.

It is also proposed to carry out the precautionary assurance of the containers that contain alcoholic beverages that do not have labels or seals attached, when these are false or altered, as well as the labels or seals that the taxpayer has in his possession with respect to the which their legal possession is not credited.

Likewise, it is proposed to establish that the assets or the negotiation of the taxpayers, jointly responsible or third parties related to them, are insured from the moment they are designated as such in the diligence by which the precautionary insurance is practiced, including when they are subsequently ordered, noted or registered with other institutions, agencies, registries or third parties, in order to avoid fraudulent actions by taxpayers to avoid the precautionary insurance of their assets.

3.18. Verification faculties/Tax inspection powers.

3.18.1. Home visits(tax home inspection).

The reform project proposes to specify that in cases of home visits related to foreign merchandise, rules and provisions of the Customs Law will be applied.

3.18.2. Signature of home visits.

It is proposed that, as with what is established in the matter of home visits to verify the issuance of tax receipts, it is established that the validity and probative value of the home visit records will not be affected when they refuse to sign the record or accept a copy of the same person who attended the diligence or the witnesses.

3.18.3. Use of technology.

It is proposed to incorporate the use by the tax authority, of tools such as photographic and video cameras, tape recorders, cell phones or others, that allow the collection of information that serves as evidence of the facts detected by the tax authority in the exercise of their actions, in addition to the fact that the result of the use of these tools will be protected by fiscal secrecy.

3.18.4. Places for home visits.

It is established that the act of inspection can be carried out covering those places where the taxpayer carries out part of his activities, that is, in addition to the fiscal domicile, establishments, branches, premises, offices, warehouses, warehouses, fixed and semi-fixed positions on public roads, of taxpayers or tax advisers, provided they are open to the general public.

3.18.5. Inspection of tax opinion by certified public accountant.

It is proposed to specify that in the review of the opinion by public accountant may be required not only to display the working papers that he prepared for the audit but also to appear before the tax authority in order to carry out the relief of questions in relation to the aforementioned working papers.

It is established that the review of such opinion will be carried out exclusively with the public accountant who has formulated it, without the legal representation being appropriate.

Likewise, it is proposed not to limit the action of the authority to the review of the opinion and, therefore, that the sequential review of the opinion does not proceed when it comes to the review of uses derived from the authorization or concession granted to individuals. for the handling, storage and custody of merchandise, that is, when fiscal or supervised enclosures are reviewed, or when dealing only with fines in foreign trade matters.

3.18.6. Deadline for submitting reports or documents.

The deadline for answering the first request for information issued by the authority is extended from 6 to 10 days.

3.18.7. Electronic reviews on foreign trade.

It is proposed to specify that the term to conclude the electronic inspection will be 6 months, regardless of the matter and will only be 2 years when an international certification is carried out within the procedure.

3.18.8. Tax secret.

Derived from the inclusion of the use of technological tools in the exercise of the verification powers of the tax authorities, it is proposed to establish within the obligation of keeping absolute confidentiality, images and any material collected by the tax authority through the use of the aforementioned technological tools.

Likewise, it is proposed to incorporate as an exception to the reserve or fiscal secrecy to the obligation established in the National Code of Criminal Procedures regarding the obligation to provide the information required by the Public Ministry and the Police regarding investigations of specific criminal acts, since this contributes to the clarification of the facts, to ensure that the culprit does not go unpunished and that the damage is repaired.

 

3.18.9. Origin of new revisions.

In the event that there is already a final or firm resolution of the tax authority that had determined the taxpayer’s fiscal situation with respect to specific items or concepts corresponding to one or more contributions or benefits of a certain period, said items or concepts may be  reviewed again only when facts other than those already reviewed are verified and the powers of verification of the tax authorities have not expired, being able, where appropriate, to determine the contributions or omitted uses that derive from said new facts.

3.19. Presumption of undue transmission of the right to reduce tax losses.

Among other assumptions, the presumption of the undue reduction of tax losses will apply when the taxpayer obtains tax losses and deductions are noticed whose consideration is covered by the subscription of credit instruments or any other legal figure, and the acquired obligation is extinguished by a form payment other than those provided for the purposes of deductions in the LISR; in other words, the reform consists of not limiting the form of payment to credit instruments.

On the other hand, it is proposed to establish that the tax authority may consider, in the exercise of its powers, the undue transmission of tax losses as a simulated act and consequently establish a criminal or criminal liability.

Currently, the applicable rule establishes that taxpayers can disprove the presumption in question, within a period of 20 days, after being notified of said presumption, for which the reform project establishes that taxpayers may request through the tax mailbox , for the only occasion, an extension of 10 days to the initial term to provide the information and documentation that is appropriate for you.

Likewise, it is proposed to point out that when the taxpayer makes the statements to disprove the presumption in question, he must indicate the purpose of the legal acts that gave rise to the transmission of the right to reduce tax losses; in order for the authority to be able to determine that this transfer had as its main objective the development of its business activity and not that of obtaining a tax benefit.

3.20. Final settlement agreement to the Office of the Taxpayer’s Advocate (PRODECON-Mexican Tax Ombudsman).

The Executive proposes in its tax reform project an adjustment to the procedure related to the adoption of final settlement agreements, limiting deadlines, and including cases in which the request for the agreement would be inadmissible.

In this regard, it is proposed that even though the adoption of the final settlement agreement may be requested at any time, it is indicated that the time limit to do so will be 15 days after the one in which the final act has been drawn up or the official notice of observations or provisional resolution, as the case may be.

Likewise, it is proposed that the agreements that correspond to the exercise of powers of verification in the matter of refunds of balances in favor or payment of the undue are inadmissible, since there is no determination of omitted contributions, or practices that are recognized as evasive.

Likewise, it is proposed that the agreements be inadmissible when the resolution determining the tax credit is already in the process of being notified, in the case of compulsory third parties, the execution of judgments or resolutions, when the applicants for the adoption of a conclusive agreement They are companies that invoice presumed or definitive simulated operations (EFOS) and powers of verification are initiated regarding the issuance of tax receipts or when there is a presumption of the commission of tax crimes.

Finally, it is proposed that no dispute resolution procedure provided for in any international treaty will proceed to avoid double taxation signed by Mexico, against the final settlement agreement reached between individuals and authorities.

3.21. Fines related to transfer and adjustment prices.

In relation to the imposition of fines, it is proposed to consider non-compliance with transfer pricing obligations as an aggravating factor, such as omitting obtaining the supporting documentation of having agreed market prices with related parties residing abroad, as well as not present the master, local and country-by-country informative returns, among others.

3.22. Infringement for concessionaires of public telecommunications networks.

In congruence with the sanctions established for non-compliance with some of the obligations of foreign residents without an establishment in Mexico who provide digital services in the country, it is proposed to establish a sanction for concessionaires of a public telecommunications network in Mexico that do not comply, within a maximum period of 5 days, with the order to block access to the digital service of the provider of said services. Likewise, an equal sanction will be applied when the concessionaires do not carry out the unblocking within the corresponding period.

3.23. Presumption contraband.

It is proposed that the practice of importers not to return abroad, transfer or change the regime of temporarily imported goods be considered as contraband.

3.24. Administrative appeal for revocation (Administrative means of tax defense).

It is proposed to specify that when processing revocation appeals, taxpayers who present any type of information and documentation in a language other than Spanish before the tax authority must attach the proper translation.

Likewise, it is established that the term to comply with what is resolved in a resolution to a revocation appeal will be 30 days and not 15, unless the taxpayer challenges said resolution.

3.25. Guarantee of tax interest.

It is proposed to establish that the seizure in the administrative route, to guarantee the fiscal interest, cannot be executed on intangible assets, such as trademarks, since they do not represent an ideal means to recover tax credits. Rustic properties are also excluded since their characteristics are generally irregular and are difficult to sell for the recovery of a tax debt.

 

3.26. Seizure of credits.

The seizure of credits will be notified directly by the tax authority to the debtors of the seized taxpayer, and they will be required in order to inform the characteristics of the contractual relationship with the taxpayer, aware that if they do not appear within 3 days, a fine will be imposed; Likewise, they will be required not to make the payment of the respective amounts to the taxpayer (creditor / seized person) but to the tax authority, warned of double payment in case of disobedience.

3.27. Publication of the auction call

It is proposed to make clarifications related to the publication of the call for the auction procedure on the website of the tax authorities, since the current rule establishes that public auctions will be carried out through electronic means.

3.28. Auction of goods

It is proposed to specify that the auction will be considered concluded until the winning bidder makes the full payment of the bid offered, as well as to incorporate the payment of the balance of the amount offered by bank deposit, to facilitate payment to the bidder.

 

  1. Special Tax on Production and Service Law (LIEPS)

4.1. Supplementary quota scheme applicable to those provided for automotive fuels

The Executive’s reform project proposes to establish counter-cyclical instruments to strengthen public finances, by adjusting to IEPS quotas in accordance with the economic variables that have been defined and by applying complementary quotas, which represent the difference between the base prices updated by the inflation of gasoline and diesel and the reference prices of said fuels.

In this regard, it is proposed that the SHCP publish each week the complementary IEPS quotas applicable to the sale of gasoline, diesel and non-fossil fuels.

 

  1. Other Considerations

5.1. Mandatory Disclosure Rule-Reportable Schemes (REMINDER)

It is important to note that the deadlines to comply with the obligations of reportable schemes will begin to be computed as of January 1, 2021.

In this regard, the obligation to provide information on issues that the tax authorities have identified as risk areas during the exercise of their powers, establishing the disclosure of reportable schemes in Mexico, is in force as of fiscal 2020.

The obligation to disclose reportable schemes will be applicable to those schemes that arise from 2020, or earlier, when their tax effects are reflected from that year. In the latter cases, what must be disclosed will only be the part of the reportable scheme whose tax effects are reflected as of 2020, and the obligation will be the sole responsibility of the taxpayer.

Now, in general terms, reportable schemes are those that can generate (directly or indirectly), obtaining a tax benefit in Mexico and have any of the characteristics identified by the authorities as risk areas.

Among the risk issues subject to reporting are:

  • those related to REFIPRES,
  • transmission of tax losses,
  • EP generation,
  • use of hybrid mechanisms,
  • labor outsourcing, among others.

It is established that the main obligated parties will be the tax advisers who must present an informative declaration, in which they will reveal the general data of the tax advisor, the beneficiary of the scheme, a detailed description of the scheme, mention of the tax benefits and financial information.

The SHCP must issue a secretarial agreement through which the parameters on minimum amounts are determined, for which the mandatory disclosure standards will not be applied.

On the other hand, it is established that the mere lack of presentation of a reportable scheme would interrupt the expiration periods of the powers of the tax authorities to review the obligations of taxpayers, or to determine contributions at their expense.

Likewise, it should be borne in mind that a tax advisor shall be understood to be any natural or legal person who, in the ordinary course of their activity, is responsible for or is involved in the design, commercialization, organization, implementation or administration of a reportable scheme.

If several tax advisers are obliged to disclose the same reportable scheme, they will be deemed to have complied with the obligation, if one of them discloses said scheme in the name and on behalf of all of them. When a tax advisor, who is a natural person, provides tax advisory services through a legal entity, the disclosure of schemes will not be required, provided that said legal person discloses the reportable scheme for being considered a tax advisor.

In the event that a scheme generates tax benefits in Mexico but is not reportable or there is a legal impediment to its disclosure by the tax advisor, the tax advisor must issue a certificate to the taxpayer in which he justifies and gives reasons why he considers it not reportable or there is an impediment to disclose, which must be delivered within 5 days following the day on which the reportable scheme is made available to the taxpayer or the first fact or legal act that forms part of the scheme is carried out, whatever happens First.

Also, it is important to mention that taxpayers are obliged to disclose reportable schemes when the tax advisor does not provide the identification number of the reportable scheme; when the reportable scheme has been designed, organized, implemented and administered by the taxpayer; when the taxpayer obtains tax benefits in Mexico from a reportable scheme that has been designed, commercialized, organized, implemented or administered by a person who is not considered a tax advisor; when the tax advisor is a resident abroad without permanent establishment in national territory, as well as when there is a legal impediment for the tax advisor to reveal the reportable scheme and when there is an agreement between the tax advisor and the taxpayer to be the latter the one obligated to disclose the reportable scheme.

The SAT will keep a registry of tax advisers, classifying the types of generalized and personalized tax schemes, and will identify them with a number to be included in taxpayers’ tax returns.

Likewise, the tax authorities may make home visits to tax advisers in order to verify that they have complied with their obligations regarding reportable schemes.

Now, to date, it is pending that the tax authority dictates the provisions or administrative regulations related to the specific or exact requirements that must be met to file the information and corresponding informative declaration, or the way in which it must be carried out; however, it should be considered that taxpayers must comply with the following:

  • Report the general data of the taxpayer, their tax advisor and the parties involved, indicating which of them have been created or incorporated in the last two calendar years, or whose shares or participations have been acquired or disposed of in the same period.
  • Detailed description of the reportable scheme and the applicable national or foreign legal provisions, including each of the stages that make up the plan or project.
  • Report a detailed description of the tax benefit obtained or expected
  • The fiscal years in which the scheme is expected to be implemented or has been implemented
  • Provide any additional information required by the authority.

Additionally, it must be reported when it is considered that the obligation to report does not apply, explaining the reasons why the operation is not reportable.

The disclosure of a reportable scheme does not imply the acceptance or rejection of its tax effects by the tax authorities. The information presented and that is strictly essential for the operation of the scheme, in no case may be used as a precedent for the investigation for the possible commission of tax crimes, except in the case of smuggling crimes and crimes related to the issuance, alienation , purchase or acquisition of tax invoices that cover non-existent or simulated operations, as well as illicit enrichment.

In the case of tax advisers, non-compliance with their obligations in terms of reportable schemes can reach up to $ 20 million pesos.

On the other hand, the following behaviors are offenses committed by taxpayers related to the disclosure of reportable schemes; However, any fine imposed is susceptible to being combated through defense or prosecution.

The infractions and fines are as follows:

  • Do not disclose a reportable scheme, disclose it incompletely or with errors. The information is considered to be incomplete or with errors, when the lack of that information or the incorrect data substantially affect the analysis of the reportable scheme. Failure to comply with the above implies a sanction consisting of not applying the tax benefit provided in the reportable scheme and an economic sanction equivalent to an amount between 50% and 75% of the amount of the tax benefit of the reportable scheme that was obtained or would be applied. or I would expect to obtain in all the fiscal years that the application of the scheme would imply.
  • Do not include the identification number of the reportable scheme obtained directly from the tax authority or through a tax advisor in the taxpayer’s tax return. Failure to comply with the above implies a fine of $ 50 thousand pesos to $ 100 thousand pesos.
  • Failure to respond to the request for additional information made by the tax authority or falsely declare that it does not have the required information on the reportable scheme. Failure to comply with the foregoing implies a fine of $ 100 thousand pesos to $ 350 thousand pesos.
  • Failure to report any change that occurs after disclosure of the reportable scheme or report such change extemporaneously. Failure to comply with the above implies a fine of $ 200 thousand pesos to $ 2 million pesos.

Facilidades Administrativas CDMX

Dado que prevalecen las condiciones de la contingencia sanitaria por fuerza mayor de COVID 19, que dieron lugar al Acuerdo de fecha 20 de marzo y sus modificaciones de fechas 17 y 27 de abril, así como del 18 de mayo, todas de 2020, el Gobierno de la CDMX ha modificado nuevamente los Acuerdos mencionados con la finalidad de continuar con las medidas necesarias para evitar el contagio y propagación del virus y a fin de salvaguardar la salud de sus habitantes.

 

Por lo tanto, con fecha 29 de mayo de 2020, se publicó la modificación citada, suspendiendo los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la CDMX y otorgando facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del COVID–19

 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 1° de junio al 09 de agosto de 2020, por lo que cualquier actuación, promoción o solicitud que en su caso sea realizada ante la Administración Pública de la CDMX o en las Alcaldías, en alguno de los días inhábiles mencionados, surtirá efectos hasta el día 10 de agosto del 2020.

 

Al respecto, las personas trabajadoras del gobierno de la CDMX regresarán a sus labores el 10 de agosto de 2020, salvo el personal necesario para atender las actividades que se exceptúan de la suspensión de términos y plazos indicada, las cuales se realizarán mediante un programa de citas y a través de medios electrónico y que son las siguientes:

 

  • Trámites en materia de desarrollo urbano, construcción y sector inmobiliario
  • Otorgamiento de instrumentos relacionados con inmuebles ante notarios públicos correspondientes a expedición de certificados de existencia o inexistencia de gravámenes vía telemática y constancias de folios, constancias de adeudos de predial y agua, certificados únicos de zonificación de uso de suelo, sábanas para acreditar el valor catastral, registro de avalúos comerciales en SIGAPRED, consulta de instrumentos notariales y expedición de copias certificadas y testimonios, apostilla y/o legalización de documentos.
  • Otorgamiento, seguimiento, extinción y revocación de los Permisos Administrativos Temporales Revocables.
  • Recuperaciones administrativas de los bienes inmuebles del dominio público de la CDMX en términos de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.
  • Procedimientos en materia de evaluación, modernización y desarrollo administrativo susceptibles de tramitarse vía electrónica.
  • Actividades de fiscalización que, en el ámbito de sus facultades, realice la Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, tales como: notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, inicio y substanciación del Procedimiento Administrativo de Ejecución y actos de comprobación.
  • Trámites administrativos relacionados con las actividades de la Comisión de Reconstrucción de la CDMX, por lo que se apertura su oficialía de partes, facultando a dicha Comisión para formular requerimientos a las empresas constructoras y supervisoras, así como requerir a los particulares en cualquier aspecto y proseguir con los procedimientos de expropiación que hubieren sido iniciados antes de la declaración de la emergencia sanitaria.

 

Respecto de los juicios en materia fiscal, la suspensión concluirá conforme a los Lineamientos o Acuerdos emitidos por los Órganos o Autoridades que los estén substanciando.

 

Así mismo, respecto al trámite y substanciación del Recurso de Revocación, previsto en el Código Fiscal de la CDMX, los contribuyentes podrán tramitar el mismo, en la modalidad de “en Línea”.

 

Igualmente, los medios de pago electrónicos implementados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la CDMX permanecerán en funcionamiento.

 

Por otra parte, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, podrá realizar las inspecciones de trabajo extraordinarias que considere necesarias, cuando tenga conocimiento por cualquier medio, de centros de trabajo que pudieran estar transgrediendo la legislación laboral durante la Emergencia Sanitaria derivada de la pandemia.

 

Así mismos la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la CDMX, podrá continuar las actividades correspondientes a la elaboración de convenios de terminación de relación laboral, pago de prestaciones y el cumplimiento de convenios celebrados con anterioridad a la suspensión.

 

Ahora bien, en materia de facilidades administrativas y fiscales, se tiene que en el caso del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos cuyo vencimiento para la obtención del subsidio fue el 31 de marzo de 2020, se otorga una ampliación para su condonación respectiva hasta el 30 de junio del mismo año.

 

Asimismo, por lo que respecta a la obtención del subsidio fiscal del 100% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 a aquellas personas físicas o morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de vehículos, cuyo valor incluyendo el Impuesto al Valor Agregado una vez aplicado el factor de depreciación sea de hasta $250,000.00, conforme a lo previsto en el Acuerdo de Carácter General por el que se Otorga Subsidio Fiscal para el Pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019, se otorga una ampliación para obtener el beneficio respectivo hasta el 30 de junio del presente año.

 

Al respecto, se tiene que la Secretaría de Administración y Finanzas, por conducto de la Tesorería de la Ciudad de México y de conformidad con la información que al efecto publique en su página electrónica disponible en http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/, reiniciará gradualmente sus actividades durante el plazo de suspensión citado.

Administrative Measures: Mexico City

Given that the conditions of the health contingency due to force majeure of COVID 19 prevail, which resulted in the Agreement dated March 20 and its modifications dated April 17 and 27, as well as May 18, all of 2020, the Government of Mexico City has again modified the aforementioned Agreements in order to continue with the necessary measures to prevent the spread of the virus and to safeguard the health of its inhabitants.

 

Therefore, on May 29, 2020, the aforementioned modification was published, suspending the terms and deadlines inherent in the administrative procedures and procedures that are carried out before the Dependencies, Decentralized Bodies, Mayors and Entities of the Public Administration of the CDMX and granting administrative facilities for the fulfillment of fiscal obligations, to prevent the spread of COVID-19

 

As a consequence of the foregoing and for legal and / or administrative purposes in the computation of the terms, the days referred to between June 1 to August 09, 2020 should not be counted as business days, so any action, promotion or request that In its case, it is carried out before the Public Administration of Mexico City or of the Municipalities, on any of the non-working days mentioned, it will take effect until August 10, 2020.

 

In this regard, Mexico City government workers will return to their work on August 10, 2020, except for the personnel necessary to attend to the activities that are excepted from the indicated suspension of terms and deadlines, which will be carried out through a program of appointments and through electronic means and which are the following:

 

  • Procedures in urban development, construction and real estate sector.
  • Granting of instruments related to real estate before notaries public corresponding to the issuance of certificates of existence or non-existence of encumbrances via telematics and evidences of folios, evidences of debts of property and water, unique certificates of zoning of land use, sheets to prove the value cadastral, registration of commercial appraisals in SIGAPRED, consultation of notarial instruments and issuance of certified copies and testimonies, apostille and / or legalization of documents.
  • Granting, monitoring, termination and revocation of Revocable Temporary Administrative Permits.
  • Administrative recoveries of real estate in the public domain of the CDMX in terms of the Patrimonial Regime and Public Service Law.
  • Procedures for evaluation, modernization and administrative development that can be processed electronically.
  • Inspection activities carried out by the Treasury of the Secretariat of Administration and Finance of Mexico City, within its powers, such as: notifications, summons, summons, requests, agreements, procedures, initiation and substantiation of the Administrative Procedure of Execution and acts of verification.
  • Administrative procedures related to the activities of Mexico City’s Reconstruction Commission, which is why its party official opened, empowering said Commission to formulate requirements to construction and supervisory companies, as well as to require individuals in any aspect and continue with the expropriation procedures that would have been initiated before the declaration of the health emergency.

 

Regarding lawsuits in tax matters, the suspension will conclude according to the Guidelines or Agreements issued by the Bodies or Authorities that are substantiating them.

 

Likewise, regarding the processing and substantiation of the Revocation Appeal, provided for in the Mexico City Tax Code, taxpayers may process it, in the “Online” modality.

 

Likewise, the electronic means of payment implemented by the Secretariat of Administration and Finance of the Mexico City Government will remain in operation.

 

On the other hand, the Ministry of Labor and Employment Promotion may carry out extraordinary labor inspections that it deems necessary, when it becomes aware by any means, of work centers that may be violating labor legislation during the Health Emergency resulting from the pandemic .

 

Likewise, Mexico City’s Procurator’s Office for Labor Defense may continue the activities corresponding to the elaboration of agreements for the termination of the labor relationship, payment of benefits and the fulfillment of agreements concluded prior to the suspension.

 

Now, in terms of administrative and fiscal facilities, in the case of the Tax on Ownership or Use of Vehicles whose maturity to obtain the subsidy was March 31, 2020, an extension is granted for their respective forgiveness until the June 30 of the same year.

 

Likewise, with regard to obtaining the 100% tax subsidy in the payment of the Vehicle Ownership or Use Tax corresponding to fiscal year 2020 to those non-profit individuals or legal entities that own or use vehicles, the value of which includes Once the depreciation factor is applied, the Value Added Tax is up to $ 250,000.00, in accordance with the provisions of the General Agreement granting a Tax Subsidy for the Payment of Tax on Ownership or Use of Vehicles, published in the Gazette Official of Mexico City on December 31, 2019, an extension is granted to obtain the respective benefit until June 30 of this year.

 

In this regard, the Secretariat of Administration and Finance, through the Treasury of Mexico City, and in accordance with the information published for this purpose on its website available at https://www.finanzas.cdmx.gob.mx , will gradually restart its activities during the mentioned suspension period.

SAT Suspende Plazos y Términos Legales: COVID-19

Imágen de https://www.elcontribuyente.mx/2017/06/que-es-el-sat/

Con fecha 12 de mayo de 2020 se publicó la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, la cual entrará en vigor el día 13 del mismo mes y año.

 

Uno de los aspectos más relevantes de la Resolución de Modificaciones en cuestión es la suspensión de plazos y términos legales que implementará en SAT, con motivo de la contingencia sanitaria por fuerza mayor COVID 19, establecida en la Regla 13.3.

 

La Regla 13.3. señala que la suspensión mencionada será aplicable del 4 al 29 de mayo de 2020, en determinados actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el SAT, siempre que no puedan ser realizados por medios electrónicos.

A. Los actos y procedimientos sujetos a suspensión son los siguientes:

  1. Presentación y resolución del recurso de revocación o de inconformidad.

 

Sobre el particular, es importante mencionar que acuerdo con el artículo 121 del CFF y la ficha 192/CFF del Anexo 1-A de la RMF, se tiene que el recurso de revocación sólo se tramita mediante el buzón tributario, por lo que en primera instancia no es aplicable en el caso del recurso de revocación la suspensión de plazos, excepto en los supuestos que la citada ficha 192/CFF indica y que corresponden a los tramites de recurso de revocación que se hacen de manera presencial, los cuales son los siguientes:

  • Las promociones y trámites de los sujetos que no se encuentren obligados a inscribirse en el RFC
  • Las que se presenten ante las autoridades fiscales de las entidades federativas,
  • Los que no se encuentren obligados a tramitar el Certificado de e.firma

 

Al respecto, la citada ficha 192/CFF señala que dichas promociones de recurso deben promoverse en la Administración General que corresponda y se realizarán mediante escrito libre ante la unidad administrativa del SAT o de la entidad federativa que corresponda, conforme a lo siguiente:

  • Si es contribuyente de la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes, acudir a Avenida Hidalgo No. 77, módulo III, planta baja, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 h a 14:30 h.
  • Si es contribuyente de la competencia de la Administración General de Hidrocarburos, acudir a Valerio Trujano No. 15, módulo VIII, planta baja, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, en un horario de atención de lunes a jueves de 8:00 h a 14:30 h y de 15:30 h a 16:30 h, y los viernes de 8:00 h a 14:30 h.
  • Ante cualquier Oficina del Servicio de Administración Tributaria, tratándose de contribuyentes que sean competencia de la Administración General Jurídica.

 

Por otra parte, el recurso de inconformidad a que se refiere la Resolución de Modificaciones  no es el recurso de inconformidad del IMSS o INFONAVIT, sino es el relativo al artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal, que promueven los contribuyentes en contra por el incumplimiento de alguna disposición que emanan del sistema de coordinación fiscal; no obstante, dicho recurso se interpone conforme a las reglas del recurso de revocación del CFF, es decir, también se presenta en buzón tributario, por lo que en primera instancia la suspensión no sería aplicable, tomando en cuenta que la suspensión aplica en los casos que los actos o procedimientos no se puedan presentar por medios electrónicos.

 

Ahora bien, siguiendo con el recurso de revocación, cabe señalar que la fracción V del Apartado A de la regla 13.3, se refiere a varios supuestos de suspensión de plazos, incluyendo, entre otros, que se suspende la tramitación y presentación del recurso de revocación (incluyendo el recurso de revocación de resolución exclusiva de fondo); sin embargo, la premisa principal se refiere a la suspensión de aquellos recursos que no se presenten en medios electrónicos, por lo que en nuestra consideración son contradictorias las fracciones I y V, y en su caso la suspensión solo aplica para los supuestos de los recursos de revocación que se interponen personalmente.

 

  1. Desahogo y conclusión de los procedimientos en materia Aduanera.
  2. Inicio o conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación, actos de verificación, así como el levantamiento de las actas que deban emitirse dentro de los mismos.
  3. Presentación o resolución de solicitudes de permiso, autorización, concesión, inscripción o registro; así como el inicio o resolución de los procedimientos de suspensión, cancelación o revocación de los mismos.
  4. Los trámites o emisiones de actos previstos en el Código Fiscal de la Federación que a continuación se mencionan:
  1. Articulo 34: Plazo de 3 meses para resolver consultas
  2. Artículo 34-A: Plazo para resolver consultas sobre metodologías de precios de transferencias
  3. Artículo 36: Trámite y resolución de reconsideración administrativa
  4. Articulo 41: Requerimientos y emisión de multas (control de obligaciones)
  5. Articulo 41-A: Requerimientos para aclarar datos asentados en declaraciones
  6. Artículo 42, antepenúltimo párrafo: En lo que se refiere a la actuación correspondiente a citar a los contribuyentes para darles a conocer hechos u omisiones derivados del ejercicio de facultades de comprobación.
  7. Artículos 46 y 46-A: Desarrollo y conclusión de visitas domiciliarias
  8. Artículo 48: Desarrollo y conclusión de revisiones de gabinete
  9. Artículo 49: Desarrollo y revisiones en materia de comprobantes fiscales.
  10. Artículo 50: Plazos para emitir resoluciones derivadas de las facultades de comprobación.
  11. Artículos 52 y 52-A: Revisiones a Contadores Públicos Certificados
  12. Artículos 53 y 53 -A: Plazos para aportar documentación en revisiones de dictamen con el Contador Público Certificado.
  13. Articulo 53-B Revisiones electrónicas. Al respecto esta suspensión nos parece incongruente con la premisa principal de la suspensión de plazos de la Regla 13.3, ya que este procedimiento es meramente electrónico, por lo que no debería estar sujeto a suspensión.
  14. Artículo 63: Plazo de 15 días para que los contribuyentes puedan manifestarse sobre documentos obtenidos de otras autoridades.
  15. Artículo 67: Facultad de la autoridad para determinar contribuciones y accesorios (no se actualiza la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales)
  16. Artículo 69-D: Plazo de 20 días para que la autoridad manifieste si acepta o no los términos de los acuerdos conclusivos (está facultad de suspensión correspondía determinarse por la Prodecon y no por el SAT).
  17. Artículo 121: Presentación del recurso de revocación. Al respecto, consideramos que hay incongruencias en la Regla 13.3 sobre la suspensión aplicable en el recurso.
  18. Inicio o conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación, actos de verificación, así como el levantamiento de las actas que deban emitirse dentro de los mismos.
  19. Artículo 133-A: Cumplimiento de resolución al recurso de revocación.
  20. Artículo 133-F: Audiencia de oralidad de peritos aplicable en el recurso de revocación.
  21. Presentación, trámite, atención, realización o formulación de las promociones, requerimientos o actuaciones, que deban realizarse en la sustanciación de los actos a que se refieren los puntos anteriores.

 

B. Actos no sujetos a suspensión:

Por otra, la Regla 13.3 señala que no se encuentran comprendidos en la suspensión de los plazos y términos legales, los que se mencionan a continuación; sin embargo, es importante mencionar que la Regla indica que la lista es de forma enunciativa más no limitativa, lo cual genera incertidumbre jurídica, puesto que la autoridad puede considerar otros actos no incluidos en el listado de la Regla.

 

Los actos en los que no hay suspensión son:

  • Presentación de declaraciones, avisos e informes.
  • El pago de contribuciones, productos o aprovechamientos.
  • La devolución de contribuciones.
  • Los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución.
  • Los actos relativos a la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, incluyendo las referentes al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.
  • Los servicios de asistencia y orientación al contribuyente, incluidos la inscripción y avisos ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

C. Otros actos y procedimientos sujetos a suspensión (Artículo 28, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo)

 

Otros de los actos y procedimientos en los que se suspende el cómputo de los plazos y términos legales, siempre que no puedan ser realizados por medios electrónicos son los siguientes:

  • Los relativos al cumplimiento del objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • El inicio y conclusión de la verificación en el seguimiento y cumplimiento de los Programas de Auto Regularización.
  • Presentación y resolución de las promociones, requerimientos o actuaciones, que deban realizarse en la sustanciación de los procedimientos establecidos en de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

 

Finalmente, se tiene que en caso de que la autoridad notifique alguno de los actos o procedimientos en los que se suspenda el plazo, dicho acto se entenderá efectuado el primer día hábil del mes de junio de 2020.

Prórroga a la Suspensión de Actividades Jurisdiccionales

Vista la situación de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor con motivo de la enfermedad generada por el COVID-19 la cual persiste hasta este momento, se modifica el acuerdo SS/11/2020, en sus acuerdos primero, segundo y tercero, teniendo como objetivo prorrogar la suspensión de actividades jurisdiccionales en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el periodo comprendido del 6 al 29 de mayo de 2020, por lo que dichos días se consideran inhábiles y no correrán plazos ni términos procesales.

 

Atendiendo a que la impartición de justicia es una actividad esencial se había determinado el establecimiento de guardias temporales en algunas Salas Regionales para atender y resolver solicitudes urgentes de medidas cautelares o suspensión del acto impugnado de la región; y, la posibilidad de celebrar sesiones a distancia del Pleno Jurisdiccional y Secciones de la Sala Superior; y, de la Junta de Gobierno y Administración. El acuerdo anterior establece que, si el número de solicitudes en una región resultare excesivo para su atención por los servidores públicos, la Junta de Gobierno y Administración podrá determinar que otros Magistrados participen en la guardia, así como el personal que se requiera. El pleno de dicha Junta sesionará a distancia de forma regular durante el mes de mayo del año en curso, a través del sistema de video conferencia.

 

Se adiciona un cuarto acuerdo en atención a lo esencial de la actividad, que en parte establece: “Se emitirán lineamientos por la Junta de Gobierno y Administración a efecto de que pueda realizarse trabajo en casa por determinados servidores públicos, tanto de Sala Superior como de Salas Regionales, por ejemplo: formulación de proyectos de sentencias; hacer las versiones públicas de las sentencias ya emitidas, entre otros.”

 

“Para la emisión de los lineamientos la Junta de Gobierno y Administración considerará, entre otras, las siguientes directrices: 1. No podrán entrar a una ponencia más de dos personas por día, quienes deberán guardar la sana distancia; 2. Estar en las instalaciones de la Institución el tiempo indispensable para obtener la información que se requiera; 3. Por ningún motivo se podrá sacar de las oficinas un expediente completo, parte de él o algún documento original; 4. Para tener acceso a distancia de la información de un expediente jurisdiccional a su cargo, se deberá establecer un procedimiento específico; 5. En todo momento se protegerá la confidencialidad de la información; 6. Se ocuparán los medios tecnológicos que el área correspondiente del Tribunal ponga a disposición; y, 7. Se deberán considerar las medidas sanitarias que emitan las autoridades competentes.”

 

El acuerdo entra en vigor el día de 7 de mayo de 2020 y se publicará también en la página de internet del Tribunal.

Extension to the Suspension of Jurisdictional Activities

Considering the health emergency due to force majeure resulting from the disease generated by COVID-19, the agreement SS / 11/2020 is modified, in its first, second and third agreements, with the objective of extending the suspension of jurisdictional activities in the Federal Court of Administrative Justice for the period from May 6 to 29, 2020, so these days are considered unworkable and there will be no procedural terms or terms.

 

Considering that the administration of justice is an essential activity, the establishment of temporary guards in some Regional Chambers had been determined to attend to and resolve urgent requests for precautionary measures or suspension of the contested act in the region; and, the possibility of holding remote sessions of the Jurisdictional Plenary and Sections of the Superior Chamber; and, of the Board of Government and Administration. The previous agreement establishes that, if the number of requests in a region turns out to be excessive for its attention by public servants, the Board of Government and Administration may determine that other Magistrates participate in the guard, as well as the personnel required. The plenary session of said Board will meet at a distance regularly during the month of May of the current year, through the video conference system.

 

A fourth agreement is added in response to the essentials of the activity, which in part establishes: “Guidelines will be issued by the Government and Administration Board so that work can be carried out at home by certain public servants, both in the Superior Chamber and in the Regional Chambers, for example: formulation of draft judgments; make public versions of the sentences already issued, among others. ”

 

“For the issuance of the guidelines, the Government and Administration Board will consider, among others, the following guidelines: 1. No more than two people per day may enter a conference, who must keep their distance; 2. Be in the facilities of the Institution the necessary time to obtain the required information; 3. Under no circumstances may a complete file, part of it or any original document be removed from the offices; 4. To have remote access to the information of a jurisdictional file under his charge, a specific procedure must be established; 5. The confidentiality of the information will be protected at all times; 6. The technological means that the corresponding area of ​​the Court will make available will be used; and, 7. The sanitary measures issued by the competent authorities must be considered. ”

 

The agreement enters into force on May 7, 2020 and will also be published on the Court’s website.

 

Estímulos Fiscales en Materia de Hidrocarburos

Desde diciembre del 2019, los precios del petróleo en mercados internaciones ha caído, reduciendo más de un 70% de su valor, lo que se traduce en menores ingresos por ventas de hidrocarburos. Por este motivo, en diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en la que se modificó los artículos 39, primero párrafo y 42, primer párrafo en relación con los Asignatarios, por lo que el decreto publicado el martes 21 de abril 2020, modifica temporalmente dichos dispositivos legales y otorga a éstos un estímulo fiscal.

 

Objeto

El estímulo fiscal es otorgado a los Asignatarios obligados al pago de derecho por utilidades compartida en materia de hidrocarburos y es consistente en un crédito equivalente al resultado de multiplicar el 28% a la diferencia que resulte de disminuir el valor de los hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo el consumo de estos productos, mermas por derramas o quemas, el estímulo será acreditable contra el derecho por utilidad a enterar en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

 

Pagos Anuales

El estímulo no podrá exceder:

  • La cantidad a pagar en el ejercicio, una vez acreditados los pagos provisionales efectivamente pagados por los derechos al ejercicio 2020 y compensados los saldos a favor que procedan.
  • De la cantidad de 65 mil millones de pesos.

Además de lo anterior se otorga un estímulo complementario a los Asignatarios que efectúen en los pagos provisionales mensuales, consistente en crédito fiscal equivalente al resultado de multiplicar 28% a la diferencia que resulte de disminuir del valor de los hidrocarburos extraídos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día que corresponde el pago, el monto de las deducciones, siendo acreditable contra los pagos provisionales a enterar correspondientes al año 2020.

 

Pagos Mensuales

El anterior estímulo no podrá exceder de:

  • La cantidad a pagar en el periodo que se trate, habiendo acreditado pagos provisionales pagados y compensados los saldos a favor que procedan.
  • La cantidad que resulte de multiplicar el número de meses que comprende el periodo de que se trate por el cociente de dividir 65 mil millones de pesos entre 12.
  • El estímulo fiscal será aplicable para el ejercicio fiscal 2020 y no dará lugar a devolución ni constituirán ingresos acumulables para fines fiscales.
  • El decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre 2020.

Tax Stimulus in the Field of Hydrocarbons

Since December 2019, oil prices in international markets have fallen more than 70% of their value, which translates into lower revenues from hydrocarbon sales. For this reason, in December 2019, amendments to the Hydrocarbon Income Law were published in the Official Gazette of the Federation, which amended articles 39, first paragraph and 42, first paragraph in relation to the Assignees. On Tuesday, April 21, 2020, a decree was published in the Official Gazette of the Federation in which it temporarily modifies these legal provisions from the above, and grants a tax stimulus.

 

Core of the Stimulus

The tax stimulus is granted to the Assignees obligated to pay the shared profit for hydrocarbons and is consistent in a credit equivalent to the result of multiplying 28% to the difference resulting from decreasing the value of the hydrocarbons extracted during the tax year in question. It includes the consumption of these products and losses due to spills or burns. The stimulus will be creditable against the utility right following the terms stated in the Hydrocarbon Income Law.

 

Annual Payment

The stimulus may not exceed:

  • The amount to be paid in the fiscal year. Once the provisional payments actually paid for the rights for the tax year 2020 have been credited and the corresponding balances have been compensated.
  • Of the amount of 65 billion Mexican pesos.

 

In addition to the foregoing, a complementary stimulus is granted to the Assignees who make the monthly provisional payments, consisting of a tax credit equivalent to the result of multiplying 28% to the difference resulting from decreasing the value of the hydrocarbons extracted from the beginning of the year and until the last day corresponding to the payment, the amount of the deductions, being creditable against the provisional payments to be reported for the year 2020.

 

Monthly Payments

The stimulus may not exceed:

  • The amount to be paid in the period in question, having credited provisional payments paid and offsetting the balances in favor that proceed.
  • The amount resulting from multiplying the number of months that comprise the period in question by the quotient of dividing 65 billion pesos by 12.
  • The fiscal stimulus will be applicable for the fiscal year 2020 and will not give rise to return or constitute accumulative income for fiscal purposes.
  • The decree will be in force until December 31, 2020.

Acciones Extraordinarias Para Combatir COVID-19

Derivado del decreto emitido por la Secretaría de Salud (en adelante SS) en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el pasado 31 de marzo del 2020, la dependencia emitió en la edición vespertina del DOF de fecha 21 de abril del presente año, una modificación del mismo decreto, teniendo como objetivo emprender acciones extraordinarias a efecto de combatir el SARS-CoV2 (COVID-19). Las modificaciones se resumen de la siguiente manera:

 

Objeto:

En virtud de los resultados que el Grupo Científico Asesor presentó al Consejo de Salubridad General en sesión plenaria del 20 de abril del 2020, se estima necesario mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 2020, asegurando la adecuada implementación de las medidas de seguridad.

 

Modificaciones al decreto de 31 de marzo del 2020

Se modifica la fracción I, del artículo Primero de aquel que establece medidas extraordinarias para la emergencia sanitaria por COVID-19, quedando de la siguiente forma:

 

  • El “ARTÍCULO PRIMERO dispone la siguiente modificación:
    • Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; …”

 

Se adicionan un artículo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto a dicho acuerdo, que en resumen señalan los siguiente:

 

  • El “ARTÍCULO TERCERO” describe que las acciones extraordinarias de la fracción I, del artículo “PRIMERO”, dejarán de implementarse a partir de 17 de mayo del 2020 en los municipios de país que presenten baja o nula transmisión del COVID-19, SIENDO LA SS quien:
    • Definirá criterios para evaluar la intensidad de la transmisión o cualquier factor relacionado con la propagación de esta.
    • Establecerá lineamientos para reducir la movilidad entre los municipios antes referidos.
    • Se mantiene la restricción en los municipios señalados para la movilidad de las personas consideradas en el “grupo de riesgo”.
  • Para el “ARTÍCULO QUINTO”, se instruye a los gobiernos de las entidades federativas para que:
    • Actualicen el reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por “Infección Respiratoria Aguda Grave” u otra que la SS considere.
    • Instrumentar medidas para prevenir y controlar la enfermedad atendiendo los criterios generales emitidos por la SS.
    • Establecer y ejecutar mecanismos para reducir la movilidad de los habitantes entre los municipios con distinto grado de propagación, la Administración Pública Federal podrá coadyuvar con los gobiernos federales.
    • Garantizar la implementación adecuada y oportuna de las medidas señaladas e informar a la SS sobre su seguimiento.
  • Finalmente, el “ARTÍCULO SEXTO” declara que los gobiernos estatales son los obligados en su calidad de autoridad sanitaria para ejecutar y supervisar los planes de reconversión y expansión hospitalaria para garantizar la atención adecuada y oportuna de la población.

 

El decreto entra en vigor el mismo día 21 de abril del 2020.

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